La instrucción judicial del asunto, relativa al derribo de una casa protegida para la construcción de viviendas, «se encuentra ya terminada», según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por lo que la juez «no ha tenido que dictar ninguna medida cautelar» contra ninguno de los nueve imputados.

Este caso de supuestas irregularidades urbanísticas en Firgas, localidad de 7.000 habitantes del norte de Gran Canaria, fue desvelado ayer por el alto tribunal canario, cuando la investigación ya va a ser remitida a la Audiencia Provincial de Las Palmas por la juez Auxiliadora Díaz Velásquez, del Juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Arucas.

Según el TSJC, los miembros y ex miembros de la corporación imputados son, además del actual alcalde Henríquez y su antecesor Arencibia, los ex concejales Laura García Cerpa, Asunción Nuez Arencibia y Amparo Santana Gil; el anterior secretario de la corporación Humberto Cruz Marrero y el arquitecto del Ayuntamiento Javier Cabrera Caravallo.

Además, la juez Auxiliadora Díaz Velásquez ha imputado por un delito de daños contra el patrimonio al responsable de la entidad Progar, José Javier Barrera Gallego, y al arquitecto Francisco López Gómez.

Derribo ilegal

El caso se refiere a la construcción de unos dúplex en un solar donde previamente se derribó una casa conocida como la Casa Vieja, que reunía cierto valor etnográfico y que estaba incluida en la carta etnográfica del municipio, informaron fuentes judiciales.

El Ayuntamiento concedió la licencia de construcción de los dúplex y los hechos fueron investigados por la Fiscalía tras ser denunciados en 2002 por concejales del municipio.

Por otra parte, dos policías y otra persona han sido imputados por diversos delitos por facilitar documentación e información secreta «a partes interesadas» en las investigaciones del caso Faycán, sobre la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria).

El caso Faycán, en el que hay imputadas 26 personas, estalló hace ayer justamente un año a raíz de la denuncia de una empresaria del municipio, quien declaró que la Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.

Los policías imputados han sido identificados como M. A. M. R. y A. E. M. R., quienes han sido acusados por delitos de infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos y descubrimiento y revelación de secretos. El tercer implicado es F.J.S.V., quien ha sido acusado de revelación de secretos.