El Consejo Consultivo dictaminó ayer que la petición de Inmaculada constituye un caso de eutanasia pasiva indirecta, por lo que los médicos que cumplan esta petición no cometerían ninguna acción punible.

Esta resolución fue adoptada, a instancias de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la Permanente del Consejo con un solo voto en contra, el de uno de los dos consejeros nombrados a propuesta del PP.

La fecha para retirarle a Inmaculada Echevarria el respirador dependerá de la propia paciente y de su grupo asistencial del Hospital San Rafael de Granada, donde permanece ingresada desde hace nueve años, explicó Montero.

En cuanto a la posibilidad de que alguien del personal sanitario alegue objeción de conciencia, al tratarse de un centro que pertenece a la orden religiosa de San Juan de Dios, manifestó que «pueden hacerlo», aunque la Consejería de Salud garantizará que se cumpla la voluntad de la paciente.

Mientras, Inmaculada Echevarría está «satisfecha» con el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía y desea que le retiren el respirador «cuanto antes».

En declaraciones a Europa Press, su abogado, Ignacio Fernández, destacó que la decisión de la Junta tiene una «importancia trascendental» para personas en una situación similar a la de Inmaculada, cuyo caso «sienta precedente».

Pese a que la consejera de Salud de la Junta de Andalucía garantizó ayer el cumplimiento de la solicitud de rechazo de tratamiento solicitada por Inmaculada, el letrado eludió hacer un pronunciamiento más allá de la «satisfacción» por el dictamen del Consultivo hasta conocer la posición del hospital.

Hoy está prevista una reunión en el centro hospitalario, en el que la dirección decidirá si se lleva a cabo o no la actuación en dicho centro o se niegan a ello.

El portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), César Caballero, tildó ayer de «valiente y consecuente» la decisión de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, ya que «ésta es la primera vez que, de forma tan pública y notoria, se pronuncia de esta forma una Administración».

Una opinión contraria a la del cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo, que manifestó ayer estar «abiertamente en contra de todo tipo de pena de muerte, tanto la legal como la autoadministrada». «Respeto la vida y la inviolabilidad de la persona desde el comienzo de su existencia hasta su muerte natural», añadió.