La nota de la Comisión Permanente del Episcopado es clara, nítida y severa. Y fue aprobada por unanimidad, como recalcó el secretario, padre Martínez Camino, para que no se hable de divisiones en la Conferencia Episcopal. La votaron los 24 miembros de esta máxima institución de los obispos entre Plenarias.

El documento de los prelados arremete de una manera especial contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, a la que tacha de «formación estatal y obligatoria de las conciencias». Una asignatura que, a su juicio, no tiene razón de ser, porque «el Estado no puede imponer legítimamente ninguna formación de la conciencia moral de los alumnos al margen de la libre elección de los padres». Más aún, «la autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos: ni una supuestamente mayoritaria ni la católica, ni ninguna otra».

Los obispos no tendrían «nada que objetar» a la asignatura si facilitase «el conocimiento objetivo de los principios constitucionales o de las normas cívicas de convivencia». Pero lo que realmente hace es «imponer el relativismo moral y la ideología de género».

Por eso, la Iglesia pide a los padres que defiendan «con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos». Y el padre Martínez Camino precisó: «La objeción de conciencia es un medio legítimo, luego ha de ser utilizada también por los padres».

Por otra parte, los obispos exigen a los centros católicos que no den esta asignatura, porque, de lo contrario, «entrarían en contradicción con su carácter propio, informado por la moral católica». Hasta ahora, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) se había mostrado contraria a poner en práctica la objeción de conciencia en sus colegios. Pero los obispos les exigen que lo hagan, porque «el Estado no puede obligarles, si no es vulnerando el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad religiosa».

Manuel de Castro, secretario general de la organización de escuelas católicas FERE-CECA y EyG, aseguró de inmediato a Efe que suscribe al «cien por cien» el documento de la Conferencia Episcopal sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE), pero insistió en que existen «mecanismos legales» para que Educación para la Ciudadanía se adecue al ideario de los centros católicos.

La Conferencia Episcopal no sólo condena Educación para la Ciudadanía, sino también la Ley Orgánica de Educación (LOE) en su conjunto, porque «vulnera los derechos que asisten a los padres» a la hora de elegir la educación moral de los hijos o el centro educativo.

Los obispos reiteran que la clase de religión, tal y como establece la LOE, no se podrá equiparar a una asignatura fundamental, porque no será ni evaluable ni computable y, además, discrimina a los que la eligen y deja a la asignatura «sin seriedad académica».

También critican los prelados el tratamiento que en la LOE recibe el profesorado de Religión, porque, a su juicio, no se corresponde ni con los «compromisos adquiridos por el Estado con la Iglesia» en los acuerdos con la Santa Sede ni con «la jurisprudencia sobre la materia, en particular a la última sentencia del Tribunal Constitucional».

Para los obispos, los profesores de Religión «no son catequistas», sino «trabajadores de la enseñanza» con una «misión especial», que exige capacitación e «identificación con la doctrina que se enseña». Y eso no lo garantizan los últimos borradores del real decreto, aunque el episcopado espera que «todavía se esté a tiempo de rectificar». De lo contrario, amenazan con «recurrir a las acciones legales oportunas».

Porque, como reclama Martínez Camino, «le corresponde a la Iglesia determinar la idoneidad de los profesores de catolicismo».

El secretario también quiso alabar públicamente a «la inmensa mayoría de los profesores de Religión, que ejercen su tarea con competencia y abnegación, y tienen la confianza de sus obispos». Y con los que apenas se producen conflictos.

Según el portavoz, «son poquísimos -unos 15 en los últimos 20 años-, que se cuentan con los dedos de las dos manos, con los que han surgido problemas de un colectivo de 20.000». Es decir, en contra de lo que parece, «no existe una conflictividad global» en esta cuestión, sino «un ejercicio largo y normal» de la docencia por parte de este «generoso colectivo».