El Comité de Competición debería aplicar hoy con el máximo rigor las sanciones de que dispone para penalizar los incidentes ocurridos en el partido de Copa del Rey entre el Betis y el Sevilla: dar por concluido el partido con victoria del equipo visitante o jugar los minutos restantes a puerta cerrada, cerrar el estadio Manuel Ruiz de Lopera hasta doce encuentros e inhabilitar al menos un año a los directivos de ambos equipos por incitación a la violencia.
Las consecuencias de los incidentes deberían llegar más lejos en otro orden de cosas. El dueño del Betis, Lopera, no tiene puesto en la directiva y por tanto no puede ser inhabilitado, pero son los propios béticos los que deberían exigir su marcha. Él es sin duda uno de los mayores responsables de lo ocurrido, pues culminaba dos semanas de provocaciones plantando su busto en el palco, en una palpable demostración de su absurda megalomanía. Tampoco debería quedar impune el presidente del Sevilla, quien, pese a ser magullado por una moneda durante el encuentro, declaraba después que aquello «podría ocurrir en cualquier campo» y que «los energúmenos se calientan solos».
Tal intento de escurrir el bulto contrasta con la actitud del más perjudicado, el técnico Juande Ramos. Éste hacía ayer al salir del hospital un elocuente ejercicio de autocrítica, especialmente meritorio teniendo en cuenta que él, al contrario que Lopera y Del Nido, no ha pasado las últimas semanas provocando a la hinchada. Para el entrenador del Sevilla, «somos los profesionales y los dirigentes los que tenemos que dar ejemplo, aunque somos los que peor nos hemos comportado, los que más gasolina hemos echado al fuego».
El Comité de Competición debería tener muy en cuenta este testimonio a la hora de determinar unas sanciones ejemplarizantes, por impopulares que éstas sean. Más teniendo en cuenta el bochornoso precedente de su decisión de indultar al Barcelona después de que desde las gradas del Camp Nou se arrojase la cabeza de un cochino.
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