Los responsables del tripartito cuentan con la fortuna de no tener demasiados cadáveres en el armario y de que, a pesar de que gobiernan desde 2003, el ritmo de la Justicia es extraordinariamente lento. Durante la primera legislatura de José Montilla como presidente de la Generalitat pueden celebrarse hasta cinco espectaculares juicios en Barcelona relacionados con la corrupción. Pero todos los casos se produjeron durante el largo Gobierno de CiU. Munición para los diputados de PSC, ERC e ICV-EUiA contra el mayor grupo parlamentario de la cámara catalana, el de CiU. Ni Artur Mas ni los suyos estaban entonces y habrá que ver si les desgasta, porque al ex president Pujol, apenas le despeinaron.
BARCELONA.- Dominaron Barcelona. La ciudad, la sociedad civil, la política y las finanzas. Muchos de ellos, destronados y desprestigiados pasean sus espectros por una ciudad que, en ocasiones, tiene que hacer un esfuerzo por recordar sus nombres. Eso sí, los que los ven recuerdan que cayeron en desgracia por tener las manos demasiado largas con los dineros ajenos o porque creyeron que el poder que se les había otorgado temporalmente era eterno y omnímodo.
Hoy apenas consiguen una mesa en los restaurantes de moda, especialmente si dan sus nombres a la hora de reservar. Aquellos hombres invulnerables que respondían al arquetipo del financiero catalán -desafortunado término que las redacciones de Madrid idearon para Javier de la Rosa- siguen teniendo sus rincones favoritos en coctelerías que, como ellos, parecen parte de la escenografía del purgatorio de la Divina Comedia. Pasó la época en la que podían reservar todo el restaurante para mantener un almuerzo discreto.
Es impensable que el actual presidente de la Generalitat, Josep Montilla, acceda a reunirse con un financiero recién salido de la prisión acusado de apropiación indebida. De hecho el Palacio de Justicia de Barcelona será, durante esta legislatura, el escenaro de la Ghost Parade de la ciudad corrupta que fue la capital catalana hace algo más de una década, en la que casi todo el mundo tenía un precio o un secreto que proteger conocido por los señores de la Bolsa. Y la mayor parte de los espectáculos, aunque no todos, otrorgarán munición al tripartito para atacar a la principal fuerza de la oposición, CiU, aunque la actual federación no tenga nada que ver con aquel siniestro pasado porque sus principales líderes ya se han retirado.
Uno de los juicios estrella que se espera para finales de este año o principios del que viene es el de Grand Tibidabo, En los primeros días de marzo de 1995, Jordi Pujol recibió en casa de su conseller de Sanitat, Xavier Trias i Vial de Llobatera, a un viejo conocido de éste en la vida civil, el financiero Javier de la Rosa, el nexo común entre todos los grandes escándalos relacinados con la corrupción que afectaron tanto al pujolismo como al felipismo. De la Rosa había dejado de ser una figura insigne del mundo financiero y empresarial. Abababa de pasar cinco meses en prisión acusado de la descapitalización de Grand Tibirabo, un fraude a pequeños inversores de no menos de 30.000 millones de la época.
Como un año antes Pujol presentó a De la Rosa como «empresario modelo», el financiero acudió al presidente de la Genaralitat con una serie de exigencias de obligado cumplimiento si no quería poner en jaque al Estado: Pujol debe hacer lo posible para neutralizar al juez Aguirre, el instructor del caso Grand Tibidabo y responsable de su ingreso en prisión; paralizar la demanda presentada contra él en Londres por KIO, y facilitarle 2.000 millones de pesetas para pagar parte de sus deudas a Grand Tibidabo.
Pujol es rotundo: no puede hacer nada, aunque probablemente -no rompe todos los puentes- seguirán hablando. Los paños calientes de Pujol no sirven de mucho. De la Rosa habla de supuestas cintas magnetofónicas con conversaciones de alto nivel. Una vez más el fantasma de un dossier sobre sus hijos persigue a Pujol.
El tiempo ha demostrado que o De la Rosa era un bravucón o compraba con mucha facilidad munición de fogueo y, en el mejor de los casos, mojada. Sus amenazas sólo han servido para inculpar en sus delitos a Manuel Prado y Colón de Carvajal, antiguo amigo del Rey, y para desprestigiar al miembro del Consell Consultiu de la Generalitat, Jaume Camps, como un hombre a sueldo del financiero.
El financiero Javier de la Rosa fue el primero de los intocables miembros de la jet set que dio con sus huesos en la cárcel por engañar a los accionistas de la sociedad para apropiarse de los 30.000 millones de pesetas de la época que habían reunido. Corría octubre de 1994. Diez meses antes, Pujol le había definido como «empresario modelo» Hoy, tras comparecer como acusado en varios procedimientos por su gestión en el kuwaití Grupo Torras o sus manejos en Tele 5 recorre Barcelona como alma en pena. Aún le queda en la Audiencia Nacional un fleco marginal de Torras, el caso Croessus, señalado para junio. De la Rosa lleva acumuladas penas de más de 30 años de cárcel. Pero si Croessus se resuelve pronto, como espera la Fiscalía, el pecado original, Grand Tibidabo, podría tener fecha de señalamiento en el último trimestre de esteaño. Y lo que pide la acusación para el financiero fantasma es una pena de 14 años más de cárcel.
En realidad aquella Barcelona corrupta de finales de los 80 y principios de los 90 tenían tres ejes del mal: De la Rosa y todo lo relacionado con él, especialmente su abogado penalista, Joan Piqué Vidal, líder del Clan de los Mentirosos del Lluís Pascual Estevill, y, finalmente las triquiñuelas de Unió para desviar fondos de los departamentos que gobernaba.
El caso Estevill se juzgó en el Tribuna Superior de Justicia en octubre de 2004. En enero de 2005 se conoció la sentencia condenatoria: 10 años para Estevill y siete para Piqué, excelente munición contra CiU para el recién nacido tripartito si no llega a hundirse el Carmel unas semanas después.
Las investigaciones de las justicias británica y suiza permitieron descubrir que el Grupo Torras que manejaba De la Rosa había hecho pagos en el país helvético al inspector jefe de Hacienda en Barcelona, Josep Maria Huguet. La causa se separó del resto del caso Torras y fue a parar al juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, el de la juez Elisabet Castelló.Se estuvieron practicando diligencias hasta finales de 2005.Diligencias que apuntan a la existencia de una organización criminal en la Delegación de Hacienda en Barcelona.
Pero el caso no acaba de cerrarse, aunque sólo está a la espera del auto de apertura de juicio oral, la transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. Y eso podría ocurrir en cualquier momento de este año. Aunque es muy complejo probar que se trataba de una organización criminal y no de simples casos aislados de contribuyentes que sobornaban a los inspectores.
Josep Antoni Duran Lleida, por su parte encantado de conocerse tras el papel desempeñado para CiU en Madrid, puede ver salpicada su buena imagen con la resurrección del caso Pallerols. La evidente relación entre la concesión de subvenciones de la Unión Europea para la formación de parados por el Departament de Treball al grupo de academias del empresario andorrano Fidel Pallerols y las aportaciones de éste a dirigentes y militantes de Unió Democràtica debe ser probada por la Justicia.Superado el berrinche de la juez del caso, que se investiga desde 1997, por la absolución por el Supremo de Josep Sánchez Llibre, el caso ha resucitado.
Pero uno de los imputados, Enric Millo, que se fugó de Unió al PP, es ahora diputado, tras las elecciones autonómicas del pasado 1 de noviembre, y el Tribunal Superior de Justícia debe ocuparse, al menos, de su caso particular. Si su grado de implicación fuera muy elevado, el TSJC podría reclamar todo el sumario.
La investigación del caso Pallerols permitió descubrir que muchas organizaciones y fundaciones próximas a Unió también recibían subvenciones. Pero es que, además, el de Treball dirigido por el dirigente de Unió Ignasi Farreres, pagaba por estudios falsos o inexistentes a empresas de militantes de Unió. El caso está sólo pendiente de señalamiento.
