Cuando el primer tripartito accedió al Govern, en 2003, la Sindicatura de Comptes destapó que algunos directivos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) suscribieron planes de pensiones presuntamente irregulares suscritos en la época en que CiU gobernaba la Generalitat. El diputado de ICV Joan Boada llevó el informe a la Fiscalía, y hace poco más de tres meses ésta presentó una querella por malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial y prevaricación.
Josep Lluís Arqués y Albert Tortajada, ambos implicados, continúan en la empresa pública, y esta semana los empleados se llevaron la sorpresa de, pese a estar siendo investigados, ambos vuelven a ocupar cargos de responsabilidad en el nuevo organigrama de la empresa. Fuentes de FGC se justifican sin embargo en la presunción de inocencia, y en que las nuevas atribuciones de ambos no suponen un ascenso.
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