Sáenz, su entonces número dos, José Angel Merodio, el delegado de Banesto en Cataluña, Miguel Angel Calama, y el abogado del banco, Rafael Jiménez de Parga están acusados de haberse concertado en 1994 para presentar una serie de querellas falsas contra un grupo de empresarios afincados en Cataluña. Sáenz y sus hombres conspiraron para que el instructor de la causa fuera el ex juez Lluís Pascual Estevill, que envió a la cárcel a varios de los querellados.

Estevill, que cumple una condena de más de 10 años por extorsión y soborno, admitió haber liberado a uno de esos empresarios tras recibir 25 millones de pesetas de la época en efectivo de manos del resto de empresarios. Finalmente la causa quedó archivada al probarse que todos los hechos eran falsos.

El grupo de empresarios, liderado por Pedro Olabarría, los hermanos Luis Fernando y José Ignacio Romero y Enrique Marugán, acabarían por encabezar la lista de denunciantes contra Estevill. Aquella actuación de Banesto a manos de Rafael Jiménez de Parga, fue el principio del fin del juez Estevill.

La juez Moltó redactó y firmó el auto de apertura de juicio oral el pasado 16 de febrero, aunque hasta ayer no fue notificado a las partes personadas. Los empresarios que ejercen la acusación particular, tan sólo piden un euro como indemnización por los daños morales sufridos.

En julio de 1994, esta entidad acusó de alzamiento de bienes y estafa a Pedro Olabarría, Modesto González y los hermanos Luis Fernando y José Ignacio Romero porque supuestamente adeudaban 4,2 millones de euros a Banesto y se habían comprometido a devolver dicha cantidad con su patrimonio personal. La querella recayó en el juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, donde estaba Luis Pascual Estevill.