Los principales promotores de la movilización, la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) -una asociación que se presentó en octubre de 2006 en Madrid con el objetivo de defender España y lograr un «gran acuerdo» entre todos los partidos en torno a «la unidad y la fortaleza» del país-, apenas contaron con 24 horas para convocar a la ciudadanía.

«Todo surgió al palpar la sensación de indignación en la calle.Muchos percibimos lo que nosotros veíamos como un escándalo generalizado, y era el momento de canalizar esa indignación», recuerda Santiago Abascal, parlamentario del Partido Popular en el País Vasco y presidente de Denaes.

A las protestas se adhirieron la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el Foro Ermua y numerosos dirigentes del PP. Según Abascal, desde Denaes se pusieron en contacto con los 1.200 socios y colaboradores repartidos por toda España para preparar las protestas ante los ayuntamientos de las principales ciudades españolas a las 20.00 horas. Apenas tuvieron repercusión en los medios de comunicación.«Ni siquiera enviamos SMS», señala Abascal, que reconoce que «la convocatoria fue improvisada». «Donde pudimos se leyeron comunicados, y donde no, pues sólo hubo concentración».

«Habíamos convocado en las 51 capitales de provincia, y nos hemos enterado de que también en los pueblos hubo reuniones. Por ejemplo, en Alcalá de Henares se congregaron 2.000 personas, más que en las tres provincias vascas. Y en Pamplona fue tremendo, pese a los obstáculos de la Delegación del Gobierno».

Movimiento cívico

Ante la premura del llamamiento, sólo se pidió autorización en el País Vasco y Navarra, «y fue precisamente en estos sitios donde empezamos a recibir coacciones. Se llegó a identificar a algunas personas en Bilbao por parte de la Ertzaintza, y en Navarra se nos indicó que quedaba prohibida la manifestación».

Para Abascal, lo sucedido el viernes no es un mérito de Denaes o de los otros convocantes, «sino de haber sabido captar hasta dónde llega la desesperación de la gente». «El Gobierno se debe dar cuenta de algo esencial, como es que hay un descontento social provocado por circunstancias tan graves como lo ocurrido con De Juana. La propia sociedad nos va a pasar por encima si no somos capaces de dar respuesta a la demanda social, a ese movimiento cívico».

Abascal rechaza las acusaciones de que había personas de la extrema derecha en las protestas: «Es la estratagema habitual del Gobierno, acusar de extrema derecha a todo aquél que tenga que ver con el respeto a las libertades».