MARISA CRUZ
MADRID.-
El Ministerio de Asuntos Exteriores acumula una nueva querella por violación de derechos fundamentales presentada el pasado jueves por el presidente de la Asociación Profesional de la Carrera Diplomática (APCD), Carlos Murillo, quien fue destituido de manera fulminante de su puesto como consejero de la embajada de España en París el pasado 16 de febrero.
En el nuevo recurso contencioso se acusa al Ministerio de impedir el derecho de acceso a la Justicia del diplomático castigado, así como de entorpecer el derecho a la libertad sindical.
A esta demanda se suma, además, otro recurso interpuesto el viernes por la propia Asociación Profesional de la Carrera Diplomática en contra de la destitución de Carlos Murillo, así como la del consejero de la embajada de España en Londres, Gaudencio Villas.En ambos casos, la medida les fue comunicada mediante telegrama firmado por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, en aplicación del artículo 6 del reglamento que regula la provisión de puestos en el extranjero y ascensos de la carrera diplomática.
El citado artículo 6 contempla la potestad del ministro para designar y destituir libremente a los diplomáticos por entender que sus nombramientos son de confianza. Este artículo se emplea, en opinión de la APCD, de manera «desviada», a modo de instrumento para castigar sin necesidad de motivar. Este razonamiento fue respaldado por los tribunales en la sentencia dictada en otro recurso de violación de derechos fundamentales presentado por el diplomático Miguel Angel Vecino. La sentencia, favorable a Vecino, fue recurrida por los servicios jurídicos de Exteriores.
Los consejeros ahora destituidos, miembros del sindicato de diplomáticos minoritario y más combativo, acusan a la cúpula del Ministerio de haberles aplicado la «máxima sanción» sin que previamente se les haya abierto expediente alguno. «Se nos ha sentenciado sin oportunidad de que aleguemos nada en nuestra defensa», afirma Murillo.
La apertura de expediente implica argumentar los motivos de queja contra el funcionario en cuestión, quien además, tiene derecho a alegar las razones que considere oportunas y a recurrir a los tribunales.
En el recurso por vulneración de derechos fundamentales interpuesto por el presidente de la APCD se argumenta que su destitución se produjo como respuesta inmediata a la demanda por acoso laboral que presentó a principios de febrero contra sus superiores. Es precisamente en este motivo en el que se fundamenta la acusación de obstaculizar el derecho de acceso a la Justicia.
Igualmente, se recoge el hecho de que Murillo encabece la asociación sindical de diplomáticos que más molesta resulta a la cúpula de Exteriores como una razón -siempre negada oficialmente desde el Ministerio-, para castigarlo. Es por ello que también se incluye la acusación de obstaculizar el derecho a la libertad sindical. Las destituciones de Carlos Murillo y Gaudencio Villas han tenido como efecto cierto el sembrar el miedo entre los afiliados a la APCD a la hora de presentarse en las listas a las próximas elecciones sindicales del servicio exterior.
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