JOSÉ ANTONIO SAN GIL
Algo sin duda muy grave ocurre en el seno de un Ministerio cuando su política de personal se convierte en noticia durante varios días seguidos. Los fulminantes ceses, días atrás, en sus puestos en el extranjero del presidente de la Asociación Profesional de la Carrera Diplomática (APCD) y uno de sus afiliados, ordenados personalmente por el ministro de Asuntos Exteriores, se han ejecutado sin imputación precisa de falta o de delito a ninguno de ellos, y sin apertura previa en cada caso del preceptivo expediente administrativo contradictorio para determinar la verdad de lo ocurrido y decidir luego en consecuencia. Al daño moral y económico infligido a ellos -y a sus respectivas familias- se han ido añadiendo después toda suerte de reproches y descalificaciones gratuitas como, entre otras, las lanzadas contra la APCD y sus afiliados por el embajador Melitón Cardona en el artículo publicado en este periódico el pasado martes 27 de febrero. Ésa es, por desgracia, la situación.
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Lo cierto es que, aunque el embajador Cardona nos honre a todos los afiliados a la APCD con sus maniqueas acusaciones, lo decidido por el señor ministro y la cúpula de Exteriores recuerda lo que hacían los reyes de Francia con sus lettres de cachet enviando a la Bastilla, por su mera y real voluntad, sin escrúpulo de conciencia ni engorros de expediente o de proceso, a quienes consideraban peligrosos o desleales. La APCD no puede por menos de considerar sorprendente y paradójico que prácticas a fin de cuentas parecidas, ordenadas por altos cargos que juraron o prometieron solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución cuando tomaron posesión de sus puestos oficiales, tengan cabida siglos después en un Estado que constitucionalmente se proclama «de Derecho».
Y es que lo que está pasando ahora en Exteriores obedece, lisa y llanamente, al choque frontal y abierto de dos aspiraciones contrapuestas. Por un lado, la de determinados altos cargos empeñados en mantener las cosas como están, con sus márgenes casi ilimitados de discrecionalidad que permiten nombrar y destituir a los funcionarios y empleados públicos con independencia de los méritos y la antigüedad de cada uno. De esta manera se aseguran la sumisión de quienes aspiran a un puesto en el exterior y a permanecer en él, por modesto que sea. Por otro, la de la APCD, que tiene la osadía de pretender que se instaure de una vez en Exteriores el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la seguridad jurídica a que tienen derecho todos los ciudadanos, pero que se viene hurtando a los funcionarios y empleados del Ministerio. De ahí la confrontación y los ceses, que son a todas luces un atemorizador aviso a navegantes, puesto que se producen a menos de un mes de las elecciones sindicales en ese Departamento.
El tema dista de resultar una mera anécdota. Se trata de un expresivo ejemplo del modo en que se viene gestionando el Ministerio de Asuntos Exteriores y, por lo tanto, de importancia crucial para los funcionarios y empleados públicos que sirven al Estado y la nación, y que legítimamente aspiran a la indispensable regeneración deontológica del Servicio Exterior de España. De ahí la enorme carga jurídica y política de lo que está en juego.
José Antonio San Gil es diplomático, ex embajador de España y miembro de la Junta Directiva de la APCD.
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