En Guatemala, la prensa, la Justicia, los políticos y la calle hablan siempre de «cuerpos policiacos», y no policiales, para referirse a los uniformados. El irregular término parece inmejorable para hablar de una institución implicada hasta el tuétano en la red de impunidad y violencia, que ha visto la luz con la ejecución de tres diputados salvadoreños en un carretera guatemalteca y en la que están involucrados gran parte de sus mandos.
Coincidiendo con el asesinato de los legisladores, se descubrió también la existencia de escuadrones de la muerte encargados del asesinato de delincuentes y en los que, según la prensa local, estaría implicado el propio ministro del Interior, Carlos Vielman, uno de los hombres fuertes del Gobierno del conservador Oscar Berger.
Las mafia policial que impone su ley en Guatemala amenaza, incluso, con complicar las relaciones entre El Salvador y Guatemala, a raíz de una investigación que se enturbia cada día un poco más.
Muy pocos querrían hoy estar en el pellejo de Félix Mendoza, un ladrón de poca monta convertido en uno de los tipos más buscados del país desde que denunció con nombres y apellidos en el mes de enero la existencia de escuadrones de la muerte, integrados por altos mandos de la policía y encargados de la ejecución extrajudicial de delincuentes.
Huido de su casa y protegido por la Fiscalía, las revelaciones de este antiguo soplón de la policía lograron la caída de los máximos responsables de la seguridad del país. Precisamente, uno de los señalados por el denunciante, el ministro Carlos Vielman, fue el encargado de anunciar el cese de Víctor Soto, jefe de la división de investigación criminal y de Javier Figueroa, subdirector de la policía nacional, por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales.
A sabiendas de cómo acabaron los cuatro policías detenidos por su participación en la muerte de los legisladores salvadoreños, toda protección parece poca para Félix Mendoza. Los oficiales fueron brutalmente ejecutados por sus compañeros dentro de la prisión de máxima seguridad El Boquerón, antes de que pudieran abrir la boca.
En una operación de corte militar que contó con la complicidad de las autoridades de vigilancia penitenciaria, un comando armado logró esquivar ocho filtros de seguridad y acceder hasta la celda de los sospechosos, donde fueron ejecutados de varios disparos y cuchilladas.
Uno de los policías asesinados en prisión era Luis Herrera, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado y uno de los cabecillas de los escuadrones de la muerte, lo que ha abierto la enésima hipótesis sobre el caso y ha puesto sobre la mesa el estrecho vínculo existente entre las mafias de la droga y el contrabando con la cúpula policial. Las denuncias apuntan también a que el ministro estaba enterado del asunto.
En su declaración, Mendoza denunció el asesinato de hasta cuatro personas (un ladrón de coches, su pareja, un ladrón de bancos y un confidente), durante un operativo que «estaba coordinado por el jefe de la Sección de Investigación Criminal, y Carlos Vielman, ministro del Interior».
Las denuncias fueron confirmadas en los archivos de población, donde los ejecutados constaban como «desaparecidos». Mendoza denunció también cómo altos mandos de la policía le señalaron qué bancos asaltar y cómo hacerlo, «proporcionando las armas y protección en la huida», según señala su declaración ante la Fiscalía de Derechos Humanos encargada de su protección.
Y aunque la muerte de los diputados sigue siendo una incógnita en torno al cerebro y el motivo de la misma, lo único claro es que la policía guatemalteca es más efectiva en la comisión del delito que en su combate, en un país donde sólo el 2% de los delitos logra resolverse. Podrida por la corrupción, la ejecución de los detenidos ha cortado cualquier investigación que apunte hacia la mafia policial que controla el delito en Guatemala.
