S. H. M.
El debate político se centra ahora en decidir qué hacer con los detenidos y con sus escaños. El Congreso ha optado por quitarles la investidura y nombrar a sus suplentes, mientras que el Senado les mantiene en su puesto hasta que la Justicia decida si son culpables o inocentes.
Algunos parlamentarios han propuesto iniciativas que van desde disolver las Cámaras -lo que ha sido rechazado de forma mayoritaria- hasta quitarle al partido del detenido tanto el escaño como los votos obtenidos por él, algo que apoya Uribe.
La primera prueba de fuego la tendrán que pasar en las elecciones locales de octubre, que Petro considera amenazadas, puesto que los paramilitares querrán conservar su poder mafioso para seguir, entre otros, con su negocio de narcotráfico. Francisco Santos no cree posible que tengan la misma capacidad que en el pasado de intimidar a los votantes.
En todo caso, para evitarlo, anuncia que su entidad creará «equipos de investigadores encubiertos, con la Fiscalía y la Policía, para ir a los lugares más complicados con el fin de evitar que se reproduzca el fenómeno. Con 30.000 hombres armados fuera de circulación, la presión ya es otra».
«Van a ser unas elecciones mucho más abiertas, pero la perfección no es posible cuando existe una larga historia que viene de antes y cuando todavía no hemos hecho las reformas necesarias que castiguen fuerte a los que se alíen con las mafias», recalca.
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