Las posiciones no pueden estar más distantes. El vicepresidente Francisco Santos señala al Gobierno como el motor que impulsó el destape de los nexos entre la clase política y los paramilitares.Y el senador izquierdista Gustavo Petro, les acusa de obstaculizar la búsqueda de la verdad. El primero cree que las investigaciones llegarán en buena medida hasta el fondo de los hechos para que no vuelvan a repetirse, mientras que para el segundo, existe el peligro de que la Justicia sólo bucee por la superficie.
Petro, votado por sus colegas en la pasada legislatura como el mejor senador -la misma posición que alcanzó entre la opinión pública según diferentes encuestas- protagonizó dos sonados debates que desvelaron las relaciones mafiosas entre la clase dirigente de algunas regiones y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).
Ahora anuncia otro para el 16 de marzo, circunscrito al departamento de Antioquia, en el que pretende demostrar que el presidente Alvaro Uribe, cuando era gobernador, y familiares y amigos, propiciaron el crecimiento del movimiento para.
«El presidente no tiene vínculos con el actual paramilitarismo, pero sí en sus etapas iniciales. Había una connivencia entre el Uribe político y las Convivir [grupos de protección privada] legales e ilegales que mataban por decreto», dice a EL MUNDO en su minúsculo despacho atiborrado de papeles. «El Gobierno debe tener una estrategia para defenderse en ese debate, que no serán más que insultos. Ese Uribe no es el mismo de hoy; aquél y su familia veían natural, como hacendados, la represión de todo lo que oliera a guerrilla; en Uribe eso se profundizó cuando [las FARC] mataron a su padre».
Alto índice de popularidad
Santos rechaza de plano esas acusaciones. «El presidente está encantado de debatir, no teme nada. Su política de recuperación institucional de las regiones ha sido siempre coherente. Había Convivir en todo el país y en el único sitio donde sancionaron a las que se desviaron fue Antioquia, cuando Uribe era gobernador», indica a este diario en la sede de la vicepresidencia.
También discrepan sobre las razones por las cuales el mandatario continúa teniendo índices de popularidad que superan el 70%, a pesar de que los acusados son uribistas. «A la gente no le importa el paramilitarismo; no lo ven grave, incluso hay sectores que lo aplauden. Se fue construyendo en el imaginario popular que las FARC son terribles y los paras no lo son tanto. Por eso este escándalo no afecta a la imagen del presidente», aduce Petro.
«No le perjudica porque la gente de las regiones sabe que el tema paramilitar se erradicó casi totalmente con este Gobierno, que les quitamos esa peste; porque gracias a la política de la seguridad democrática muchas personas se atrevieron a denunciar y porque, por primera vez en la historia reciente, se está investigando a fondo. El Gobierno ha apoyado a la Corte Suprema y a la Fiscalía», asegura el vicepresidente.
Tilda de «pirómano» a Petro y a sus compañeros del Polo Democrático por descalificar en el extranjero el proceso de paz con los paramilitares y defender en el país la búsqueda de la reconciliación nacional.«Si algo está haciendo este Gobierno es lo que ningún otro hizo en los últimos 30 años: promoviendo la búsqueda de la verdad, asumiendo costes políticos inmensos. El Polo ha politizado todo porque está en campaña para las presidenciales del 2010».
Petro, por su parte, piensa que si ahora se investiga, es porque la oposición logró que la ley de Justicia y Paz forzara a los jefes de las AUC a confesar sus crímenes; porque el presidente se enfrentó con la Corte Suprema y ésta, en represalia, desempolvó los casos contra los políticos uribistas que tenía amontonados, y porque hay sectores de la economía que temen que los paramilitares se apoderen de sus negocios.