El fantasma del adelanto de las elecciones generales recorre todas las instancias del Gobierno y del PSOE. Lógicamente, se niega pública y oficialmente desde todas las fuentes del Ejecutivo y del partido, pero son muchos los que hacen cálculos de qué pasaría si los comicios fueran en otoño, poco más de tres meses antes del final obligado de la legislatura.
El presidente del Gobierno ha instado a los suyos, en varios consejos de ministros, a que trabajen con la idea de que agotarán la legislatura. No es un asunto que esté ahora sobre la mesa.Si está en algún sitio es sólo en la cabeza de José Luis Rodríguez Zapatero, pero a nadie se le escapa que se colará en el debate nada más conocerse los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.
Fuentes del PSOE y del Gobierno han indicado a EL MUNDO que la posibilidad de adelantar las generales a otoño se analizará tras esos resultados, les sean favorables o no.
Ningún miembro del Ejecutivo o del partido ha negado a este diario tal posibilidad, amparándose en que convocar las elecciones a finales de octubre o en noviembre no puede considerarse un adelanto.
Argumentos a favor hay casi media docena. El primero, y fundamental, es el proceso de paz. El Gobierno sabe que el entendimiento con el PP es imposible, pero también sabe que no puede volver a abordar este proceso, tras lo ocurrido en la T-4, sin pasar por las urnas.
Apoyo a la negociación
Es más que probable que el Ejecutivo no vuelva a moverse en este asunto -salvo una declaración espectacular de ETA, como la entrega definitiva de las armas- hasta pasar por unas elecciones generales y saber si los ciudadanos le apoyan en una línea negociadora.
Zapatero necesita, en opinión de muchos de sus colaboradores, volver a ganar para tener la fuerza suficiente para intentar de nuevo poner fin a ETA. A día de hoy, salvo negociaciones entre bambalinas y sin ningún efecto práctico, está atado de pies y manos. Además, cualquier paso en falso antes de las generales, con el actual clima de enfrentamiento, podría tener un coste muy elevado para el PSOE.
Otro argumento es que la legislatura está agotada. El Gobierno ha desarrollado una intensa actividad legislativa que, en gran parte, tiene asfixiado al Parlamento.
Es un hecho objetivo que el respaldo parlamentario al Gobierno se ha ido resintiendo, hasta el punto de que cada vez tiene más dificultades para sacar adelante sus leyes. En las últimas semanas ha renunciado a la Ley contra el Consumo de Alcohol en Menores y a la de Bases de Régimen Local. Sobre las del cine y la del libro amenazan nubarrones cada vez más negros. Otras tres normas fundamentales sobre la descentralización de la Justicia y la agilización del Tribunal Supremo y del Constitucional están atascadas.Y una tan emblemática para Zapatero como la de la Memoria Histórica está a punto de encallar por falta de apoyo.
Es decir, que las leyes más importantes ya se han aprobado, y muchos de los proyectos que todavía están en la Cámara Baja tienen pocas posibilidades de salir. Además, como reconoce el ministro Jesús Caldera, los puntos principales del programa electoral se han cumplido ya en un porcentaje muy alto.
En todo caso, aunque la legislatura se agotara hasta marzo, el Parlamento se cerraría a finales de diciembre y las leyes que no estén aprobadas entonces decaerían.
A esos argumentos, los colaboradores de Zapatero responden con el de la psicología del presidente. Dicen que es obstinado con los plazos, los tiempos y las personas, sin que le influyan las coyunturas, como ya ha demostrado.
De esta forma, se explica que, pese a estar en minoría en el Parlamento y no tener ningún pacto estable, haya rechazado todas las peticiones para hacer más cambios de los imprescindibles en su Gobierno. Salvo sorpresas de última hora, llegará al final de la legislatura con el Gobierno más estable de la democracia en su composición.
Conociendo su forma de ser y de actuar, se dice que, en su momento, el presidente consultará a tres personas: a José Luis, a Rodríguez y a Zapatero. Y no lo hará en una reunión, porque las odia y prefiere el contacto uno a uno.
Otro factor a valorar es el de las coincidencias entre las fechas claves del 11-M y la cita electoral. Celebrar las elecciones en el límite legal casi coincidiría con el cuarto aniversario de la masacre de Madrid. Zapatero deberá decidir si quiere esa coincidencia. Algunos miembros del Gobierno opinan que sería un error, pero otros creen lo contrario. A nadie se les escapa que en torno al otoño está prevista la sentencia del proceso del 11-M.
Menos preocupa el tema presupuestario. La opinión más generalizada es que los Presupuestos Generales del Estado de 2007 son lo suficientemente expansivos para que una prórroga de los mismos no sea un freno en el avance del país. Pero algunos ministros opinan que incrementar el gasto sólo en la subida del IPC -un 2%- podría mermar el ritmo de crecimiento.
Lo que más pesa en muchos dirigentes del Gobierno y del PSOE es el actual clima de crispación política. Muchos dirigentes lo consideran insufrible y están convencidos de que se irá acentuando a medida que se acerquen las elecciones.
Por ello, hay varios partidarios de ir a las urnas cuanto antes porque creen que, de obtener el respaldo, el PP debería evolucionar a posiciones más moderadas.
Creen que no se pueden perder meses en este clima, «y no sólo por el proyecto político del PSOE, sino por los ciudadanos, que no merecen lo que está pasando», dijo un alto dirigente socialista.
Más allá del debate interno, nadie duda de que la decisión depende, en exclusiva, de Zapatero. Y no sólo porque así lo marque la ley.