PEKIN.- China desveló ayer un aumento de su gasto militar para 2007 del 17,8% dentro de un plan para modernizar el Ejército y dotarse de la última tecnología en armamento, incluidos submarinos, misiles y tanques. El anuncio, realizado la víspera de la apertura de la sesión anual de su Parlamento, sigue a una década de incrementos militares anuales de dos dígitos fuertemente criticados por EEUU, Taiwán y algunos gobiernos asiáticos.

Los fondos a disposición del Ejército Popular de Liberación (EPL) ascenderán este año a 350.920 millones de yuanes, unos 34.000 millones de euros, y supondrán un 7% del presupuesto nacional.La mayoría de los analistas internacionales creen que el gasto real podría ser hasta tres veces mayor una vez incluidos los programas secretos del Gobierno y otras partidas que no aparecen en el presupuesto.

Jiang Enzhu, portavoz de la Asamblea Popular Nacional (APN) que arranca hoy con el discurso del primer ministro Wen Jiabao, aseguró ayer que la mayor parte del dinero destinado al EPL será empleada en mejorar los salarios de los 2,5 millones de soldados chinos y en modernizar el armamento, todavía obsoleto en comparación con el de la mayoría de los países occidentales.

China cuenta con las mayores Fuerzas Armadas del mundo en número de efectivos, pero carece de un portaaviones, su fuerza aérea consta en gran parte de cazas rusos anticuados y su Armada no está capacitada para llevar a cabo invasiones de terceros países, según la mayoría de los expertos.

El presupuesto militar chino en 2007 se conoce días después de que el vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, asegurara que el reciente ensayo de un misil con capacidad para derribar satélites por parte del EPL y la política de crecimiento en Defensa «no son consistentes con la meta declarada por Pekín de un crecimiento pacífico».

Washington teme que el reforzamiento militar esté destinado a mermar su influencia en Asia, donde el empuje económico y diplomático chino se hace sentir cada vez más. Taiwán, por su parte, acusa al régimen comunista de emplear una parte importante de su gasto militar en planes y equipamiento destinado a invadir su territorio, considerado una isla rebelde por Pekín.

El portavoz de la APN, Jiang Enzhu, aprovechó el anuncio de ayer para responder a EEUU y garantizar a los Gobiernos de la región que China no tiene la «más mínima intención de entrar en una carrera armamentística con ningún país y no supone ninguna amenaza para nadie». Jiang describió el incremento militar de su país como «modesto» en comparación con los presupuestos de Francia, Reino Unido o EEUU, que prevé gastar cerca de 400.000 millones de euros en Defensa durante el presente año fiscal (sin contar los gastos operativos en las guerras de Irak y Afganistán).

El presupuesto en Defensa será uno de los asuntos a discutir a partir de hoy en la Asamblea Popular Nacional, un Parlamento formado por cerca de 3.000 delegados de todo el país y elegido a dedo por el régimen comunista. La institución tiene escasa influencia en el proceso de decisión dentro del Partido Comunista Chino (PCh) y suele limitarse a aprobar las políticas fijadas por el buró político presidido por Hu Jintao. En los últimos años, sin embargo, los parlamentarios han tratado de ejercer más control sobre la estrategia política, erigiéndose en apoyo de los millones de campesinos y trabajadores que no se han beneficiado de la apertura económica de las últimas décadas.

Limitar el control estatal

La futura Ley sobre el Derecho de Propiedad, que por primera vez en 60 años de comunismo equipara los derechos sobre propiedad pública y privada, es uno de los contados ejemplos en los que el Parlamento ha logrado influir en los dirigentes chinos. El texto ya fue presentado en la Asamblea del año pasado, provocando la reacción negativa de los sectores más conservadores de la Cámara. Su denuncia de que la ley aceleraría las privatizaciones y dejaría a los pobres en manos de los nuevos ricos tuvo gran eco en internet y llevó al régimen a retrasar su presentación hasta este año.

La ley que garantizará el derecho sobre la propiedad privada, limitando el control que hasta ahora ejercía el Estado, será votada en los próximos días después de ser modificada para aumentar las garantías de que no supondrá un perjuicio para campesinos y trabajadores.

Pekín asegura que la reforma, considerada por los tradicionalistas como una traición a los ideales comunistas que llevaron al partido al poder en 1949, pondrá fin a las confiscaciones de tierras por parte de los caciques y dará a las poblaciones rurales garantías sobre su tierra. Los detractores de la medida, en cambio, apuntan a que permitirá a los tiburones inmobiliarios y la nueva elite urbana llevar su especulación a zonas que hasta ahora habían quedado lejos de su influencia. «Nada va a cambiar porque saquen esta u otra ley», decía ayer cerca de la plaza de Tiananmen Yam, un inmigrante de la provincia de Shanxi que vive de trabajos eventuales en la construcción. «Los ricos seguirán haciéndose más ricos y los pobres seguiremos abandonados».

El Partido Comunista Chino (PCCh) ha hecho un gran esfuerzo de relaciones públicas en los últimos años para convencer a los ciudadanos de que está haciendo todo lo posible por subsanar las divisiones sociales provocadas por la apertura económica.Un campesino recibe como media un tercio de los ingresos de un chino que habita en la ciudad, una diferencia que ha aumentado el resentimiento entre los más desfavorecidos y ha provocado miles de manifestaciones de protesta en las zonas más deprimidas.El presidente Hu Jintao ha respondido anunciando un nuevo plan para «el campo socialista» destinado a erradicar la pobreza en la población rural. Pero lejos de ser la solución, el Partido Comunista es visto por muchos analistas como el origen del problema.

La corrupción entre las filas del régimen y la falta de representación de los campesinos en los gobiernos locales, donde carecen de voz o posibilidad de forzar cambios, han aumentado la impotencia de quienes no se han beneficiado por el giro capitalista de las últimas tres décadas. El futuro del régimen depende, en parte, de la capacidad de sus dirigentes para convencer a las masas más perjudicadas de que eventualmente también ellas podrán subirse al tren del progreso.

La APN prevé además aprobar un aumento de los impuestos corporativos de empresas extranjeras del 15% al 25%, otra campaña anticorrupción y nuevas medidas contra el deterioro medioambiental.