Nuevo varapalo de la Audiencia Nacional a la Generalitat, al Gobierno central y a los organismos que han gestionado la crisis provocada por el derrumbe del túnel del metro del barrio barcelonés del Carmel hace ya dos años. La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo de este tribunal ha concedido 6.010,12 euros a un matrimonio que reside en una casa que resultó afectada por el siniestro, pero que la Generalitat no incluyó en el perímetro de afectados, razón por la que fue excluida de las ayudas oficiales.
Éste es el segundo fallo que emite en dos meses la Audiencia Nacional en favor de vecinos del número 14-20 de la calle Bernat Bransi, que se encuentra a 30 metros del socavón. Hace poco más de un mes, EL MUNDO ya adelantó la primera sentencia en este sentido y que también concedió una ayuda económica a la dueña del 2º 3ª de este bloque, Carmen Bienvenida. Hace escasos días, la Delegación del Gobierno en Cataluña ya le ingresó el dinero en su cuenta corriente.
La nueva sentencia -que no puede ser recurrida- es muy similar a su predecesora, tanto que incluso la cita en sus argumentos para reconocer el derecho de Aurelio Riol y su esposa, María Sánchez, a percibir la ayuda económica que les fue denegada por la Administración en su momento. El entresuelo 3ª, en el que vive la pareja, está lleno de grietas, al igual que el resto del edificio. Sin embargo, únicamente Carmen Bienvenida y este matrimonio decidieron recurrir las distintas resoluciones que les denegaron las ayudas.
Al igual que en la primera sentencia, la Audiencia Nacional reprocha a la Generalitat y al Gobierno central la forma en la que gestionaron la crisis del barrio del Carmel al delimitar físicamente a los afectados por el derrumbe. Según el fallo, el Gobierno autonómico «no puede interferir las ayudas establecidas por el Estado».
Tras la primera decisión del tribunal, el abogado de los vecinos, Carlos Fernández Moreno, ya explicó que la decisión judicial podía sentar precedente y abrir las puertas a nuevas reclamaciones de vecinos que resultaron afectados pero que la Generalitat no reconoció como tales al estar fuera del trazado delimitado como zona cero.
En la sentencia, notificada el pasado 28 de febrero a las partes, se hace hincapié en que para la concesión de ayudas «no es necesario que el perjudicado esté previamente incluido en el censo de afectados elaborado por la Generalitat de Cataluña». Después de la catástrofe que obligó a evacuar a un millar de vecinos, el Govern abrió un procedimiento de reclamación patrimonial de oficio para los perjudicados y censó a los afectados usando como criterio unos planos del barrio y del socavón provocados por el derrumbe.
En el bloque de pisos de estos vecinos hay grietas en todos los pisos. Ventanas que no se cierran y otras que no se abren. Por eso, reclamaron que les revisaran los inmuebles. Verbalmente, miembros de Gisa les reconocieron los daños, pero por carta se les notificó que no podían ser perjudicados. Tanto el matrimonio como Carmen Bienvenida acudieron a un abogado para seguir recurriendo.En octubre de 2005, la Delegación del Gobierno desestimó sus reclamaciones. Las resoluciones señalaban que no procedía «conceder la ayuda solicitada» al no acreditarse los extremos previstos en la Orden Ministerial de 1993, «por la que se regula el procedimiento para la concesión de ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas» porque sus pisos no eran de los censados.
No obstante, estos vecinos siguieron reclamando. Esta vez ante la Audiencia Nacional, que les ha dado la razón a pesar de que el abogado del Estado se opuso a los recursos. Las dos sentencias reconocen que tienen derecho a la ayuda económica porque el censo elaborado por la Generalitat «no sirve para determinar los posibles beneficiarios de las ayudas que establece el Estado». A la hora de estipular la ayuda que debe recibir el matrimonio, la Audiencia recuerda que la vivienda «está a muy pocos metros de la zona donde se produjo el socavón y casi encima de la cola del túnel de maniobras que se hundió» y añade que los daños «han sido causados por este derrumbe y por las posteriores obras de derribo y consolidación de la zona».
«Nos dijeron que pusiéramos palillos»
BARCELONA.-Sólo un detalle diferencia el techo del entresuelo 3ª del 14-20 de la calle Bernat Bransi del resto de pisos del inmueble. Mejor dicho, unos cuantos. Se trata de decenas de palillos incrustados en las grietas de los techos de todas y cada una de las habitaciones de Aurelio Riol y María Sánchez. «Un bombero nos dijo que pusiéramos palillos», aseguró ayer María, quien a pesar de la sentencia favorable que les ha concedido 6.010,12 euros sigue resignada. Tras el hundimiento del túnel del metro del Carmel, esta mujer tuvo que mudarse porque no podía dormir.Le habían diagnosticado un cáncer y «con los ruidos de las obras» no podía conciliar el sueño. Cogió a su marido y se fueron «al pueblo», a Maella, en Zaragoza. Así lo relató ayer Aurelio mientras mostraba una fotografía colgada del castillo de su ciudad natal.Muy cerca del cuadro se podía ver ayer una grieta, muy cerca de ella, muchos palillos. «El dinero lo usaremos para las obras, pero las ventanas siguen sin ajustar y las cortinas se caen cada dos por tres», explicó ayer María. Su vecina Carmen Bienvenida cobró la misma cantidad hace unos días. «Lo que yo querría es arreglar el edificio», se quejaba ayer la mujer, que se mostraba satisfecha por la decisión de la Audiencia Nacional. La cantidad recibida, sin embargo, no da «para tanto». Sólo les servirá para tapar «algunos agujeros». Nunca mejor dicho. Agujeros en las paredes de sus casas y en la confianza en las Administraciones públicas.
