Martes, 6 de marzo de 2007. Año: XVIII. Numero: 6288.
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POLÉMICA / La cadena estudia emprender acciones legales por no poder reponer un programa en el que se denunciaban supuestos malos tratos en una guardería de Madrid
Telecinco achaca la suspensión de un reportaje por un juez a la precampaña
MARIVI CASANUEVA

MADRID. - Telecinco achaca la suspensión judicial de la reposición de un espacio sobre guarderías infantiles, en el que se denuncian supuestos malos tratos a los niños, «al periodo de precampaña electoral» y a la «preocupación del responsable de Educación de Madrid, Luis Peral, y del Defensor del Menor de la Comunidad, Arturo Canalda, «que no hicieron nada desde diciembre, cuando se les enseñó la cinta, hasta la emisión del reportaje dos meses después», según un portavoz de la cadena

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Los servicios jurídicos de Telecinco estudian ahora la conveniencia de emprender o no algún tipo de acción legal en contra de la suspensión de la reposición del reportaje Diario de....Maltrato en la guardería el pasado domingo. Ese mismo día por la tarde, el juez comunicó a Telecinco que parte del espacio no podía ser emitido, porque algunas de las imágenes eran susceptibles de afectar al derecho a la intimidad de los menores y a las familias.

El juez actuó tras recibir la demanda de unos 35 padres de los niños de la guardería El borreguito azul, ahora cerrada cautelarmente tras las denuncias del programa, emitido por primera vez el pasado día 27 de febrero. El Defensor del Menor de Madrid acompañó a los padres a los juzgados donde presentaron su petición de suspender la nueva emisión del espacio, presentado por Mercedes Milá.

La cadena considera que la decisión judicial «vulnera el derecho a la información» e insiste en que «el reportaje cumplía una función de servicio público al denunciar una situación grave, ante la pasividad de las autoridades». Tanto Luis Peral como Arturo Canalda, aparecen en el reportaje mientras ven la cinta grabada en la guardería con cámara oculta.

Desde la Consejería de Educación de Madrid se rechazan las acusaciones de Telecinco y se asegura que pidieron la cinta a la cadena «para actuar y ellos se negaron». Por eso, añade, una portavoz de la consejería «hicimos lo que puede hacer la administración en estos casos, enviar a la inspección». El informe de la inspección, fechado el 14 de diciembre, sólo pone de manifiesto algunas irregularidades, pero no malos tratos.

La misma portavoz asegura que la consejería volvió a pedir la cinta, sin éxito alguno, el 28 de diciembre, cuando Mercedes Milá y su equipo realizaron la grabación con el consejero. «Queríamos comprobar que las imágenes correspondían al centro donde una redactora de Telecinco decía haberlas obtenido con cámara oculta», añade con cierta indignación, recordando que no la recibieron «hasta dos meses después, la misma tarde del día de la emisión».

Los responsables de Telecinco replican que si la consejería quería la cinta tenía medios para conseguirla, como ocurrió el pasado domingo cuando la Policía fue a las instalaciones de la cadena a solicitar la misma por orden judicial. Además, recuerdan que en el reportaje se puede comprobar cómo el consejero de Educación y el Defensor del Menor ven la grabación de las imágenes más polémicas junto a Mercedes Milá.

La cadena también arremete contra el Defensor del Menor, «siempre preocupado por si un niño ve un hombro descubierto y que no hace nada ante una denuncia de posibles malos tratos». En la oficina de Arturo Canalda se responde que éste «notificó inmediatamento el problema al consejero de Educación tras ver la grabación, porque no tiene poder ejecutivo alguno». «Después de la emisión del programa, lo puso en conocimiento de la Fiscalía», añaden las misma fuentes de este organismo.

En medio de la polémica entre Telecinco y los responsables de Educación de la Comunidad de Madrid se sitúan los padres de los niños afectados. La decisión de pedir vía judicial que no se volviera a emitir el reportaje se adoptó en una reunión en la calle, enfrente de la guardería, a propuesta de uno de los padres, según Joaquín Motos, uno de los presentes.

«Para nuestra sorpresa, el juez nos ha hecho caso», dice Motos, quién considera que «repetir las imágenes es mercantilismo puro, cuando lo que debe prevalecer es la protección al menor». «Nosotros queremos saber la verdad y que se profundice en lo ocurrido, concluye este padre.

En el reportaje de Telecinco se aprecia cómo se obliga a los niños a comer a la fuerza e, incluso, a ingerir sus propios vómitos.

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