C. S.
MADRID.-
Cuando E.ON lanzó el pasado año su OPA sobre Endesa, el Gobierno utilizó como gran argumento de freno la «falta de reciprocidad». Es decir, que una empresa española no podría comprar el grupo alemán con igual libertad con la que éste pretendía adquirir Endesa.
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se apoyó en que E.ON no podía vender su filial de gas, Ruhrgas, sin autorización previa del Gobierno alemán. Es decir, un derecho de veto sobre parte de la empresa.
El Ejecutivo español pidió incluso a la Comisión Europea que investigara esta barrera a la libre circulación de capitales en la UE y logró que Bruselas abriera un expediente. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) se basó en este punto para oponer condiciones al grupo alemán para comprar Endesa.
El Gobierno italiano tiene sometida también a Enel a una especie de acción de oro, pero, ahora, el Gobierno español aplica un doble rasero y no formula ninguna queja.
Los artículos 6.1 y 6.2 de los estatutos de Enel prevén el derecho del Gobierno italiano a vetar la entrada de un socio con más del 3% del capital si cree que pone «en peligro intereses vitales para la nación».
También si puede alterar el objetivo social o si insta a la disolución de la empresa. El Gobierno italiano puede limitar al 3% de los derechos de un accionista indeseado, aunque su decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Regional del Lazio.
Justamente esta barrera -cuestionada por la Comisión Europea- hace improbable que E.ON pueda utilizar como arma defensiva la compra de acciones de Enel. Pondría en dificultades diplomáticas a los gobiernos de Merkel en Alemania y de Prodi, en Italia.
Quien sigue con dificultades jurídicas por dotarse de un derecho de veto en Endesa es el Gobierno español. El comisario europeo de Asuntos Económicos, el español Joaquín Almunia, dio ayer por hecho que Bruselas llevará en breve al Ejecutivo de Zapatero al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el decreto anti E.ON y las condiciones que le impuso la CNE.
En Alemania, mientras tanto, el Gobierno ha tardado cinco días en reaccionar a la entrada de Enel en Endesa. Escueta y directa, la canciller alemana, Angela Merkel, advierte, en una entrevista con el diario bávaro Süddeutsche Zeitung, de que «la política» no debe inmiscuirse en la pugna por la compañía, en clara referencia al supuesto papel del Gobierno español en apoyo de los italianos para frenar la OPA de E.ON, informa, desde Berlín, Carlos Alvaro Roldán.
Merkel sugiere que la férrea defensa de los estados nacionales en la UE sobre sus compañías eléctricas de referencia es algo superado por la propia evolución de los mercados, y cita el caso de Endesa.
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