Sin embargo, la realidad es mucho más cruda cuando uno accede al Gobierno. Pocos meses más tarde, los populares ganaron las elecciones y tuvo que ser el mismo Alvarez-Cascos quien, ya vicepresidente, se acercara a Domitila para comunicarle que no podían ceder y que la muerte de su marido era más que probable.

El hecho es que el Gobierno del PP tuvo que aguantar verdaderos embates por su decisión de no claudicar y de cortar las vías abiertas por los socialistas. Dos semanas después del secuestro, el abogado radical Kepa Landa se había reunido con el director de prisiones, David Beltrán y le había dicho que los siete etarras representantes del colectivo de presos querían hablar con él. La cúpula de Interior accedió y el responsable de Instituciones Penitenciarias se reunió un miércoles a las 10.00 horas, en el centro de Valdemoro, con los terroristas Zabarte y Parot, quienes, después de marearle con el «oprimido pueblo vasco», sugirieron que la libertad de Ortega dependía del traslado de los etarras a las prisiones vascas y de una reunión con los ya citados siete representantes.

Tras este primer tanteo, los terroristas prefirieron esperar a que se celebrasen las elecciones generales para negociar con el nuevo Gobierno y abortaron encuentros a los que el Ejecutivo socialista estaba dispuesto hasta el punto de intentar, infructuosamente, que monseñor Blázquez, arzobispo de Bilbao, hiciese de intermediario. No hubo nada que hacer: los populares ganaron los comicios y el ministro Jaime Mayor Oreja cortó todos los contactos.

Primero intentó su reanudación el representante de Elkarri, Jonan Fernández, provocando un encuentro casual con Mayor, y después lo hizo una comisión del tripartito vasco -en la que participó el socialista Ramón Jáuregui- que había recibido información procedente de la izquierda abertzale según la cual con un gesto de buena voluntad como el acercamiento de los presos recluidos en las cárceles insulares Ortega Lara podría ser liberado. Pero nada.

Esta comisión derivó en otra del Parlamento vasco que, en contra del criterio del Gobierno, decidió reunirse en Alcalá-Meco con Txikierdi, uno de los portavoces de ETA. Les tomó el pelo durante hora y media y al final les dijo que al asunto Ortega había que negociarlo en otra ventanilla.

Es cierto que durante el año y medio del secuestro se produjeron acercamientos, pero no fueron masivos y, por lo tanto, hubieran sido ineficaces si su pretensión hubiese sido la liberación. Además, respondían al criterio heredado del Gobierno socialista según el cual, si se acercaba a las prisiones a los que mostraban una evolución favorable, se dividía y se debilitaba a la banda. La restricción posterior aplicada por el PP a esta política fue muy criticada. Los populares, incluso, no se atrevieron a poner en marcha el cumplimiento íntegro de condenas prometido desde el 93 -tan alabado ahora- hasta que no alcanzaron la mayoría absoluta. Y no aplicaron el primer acercamiento masivo, de 105 presos, hasta un año después de iniciada la tregua del 98. Tras el fracaso de este alto el fuego, se endurecieron las condenas y la política antiterrorista con el acuerdo de PP y PSOE. Lo impactante es que lo primero que dijo Ortega Lara al ver a Mayor fue: «Yo sabía que no podían ceder».