En su intervención, el inspector de la unidad, remitiéndose a sus funciones como secretario judicial en distintas diligencias, detalló el proceso llevado a cabo para identificar a algunos de los autores, a través del tráfico de las tarjetas telefónicas de los móviles. También describió la interrelación y conexiones entre los diversos miembros de la célula a través del registro de llamadas y de los números localizados en las agendas de sus teléfonos.

Asimismo, intentó explicar las diligencias y la documentación existente respecto a varias comisiones rogatorias destinadas a rastrear el tráfico de llamadas del acusado Hassan el Haski, presunto autor intelectual de los atentados y para el que la Fiscalía solicita una pena de 38.656 años de prisión.

Además explicó, entre otros pormenores, que gracias a la declaración de un testigo protegido (en referencia a Cartagena), la Policía concretó la constitución de la célula de Villaverde (Madrid) en 2002, mediante la celebración de una serie de reuniones en un piso de la localidad organizadas por Mustapha Maimouni, encarcelado actualmente en Marruecos por su relación con los atentados de Casablanca.

Asimismo, el inspector de la UCIE indicó que, por entonces, también se constituyó la célula del barrio de Lavapiés con la presencia de Jamal Zougam, procesado por 191 asesinatos terroristas y otros 1.755 en grado de tentativa. Otra de las líneas de su declaración fue la referente a las diligencias elaboradas en colaboración con países europeos sobre los contactos telefónicos de los procesados Abdelmajid Bouchard y Youssef Belhadj, y su vinculación con varios miembros de las células que intervinieron en la organización de la masacre de Atocha.

Alguno de los abogados defensores logró ponerle en más de un aprieto, sobre todo cuando le preguntó por qué en una diligencia firmada por él se aseguraba que un sospechoso había declarado en presencia de su abogado, sin que la firma de su representante apareciera en la diligencia. El mando policial aseguró que se debía a un «error».

En lo referente a la investigación de Leganés y en su papel de secretario, el inspector precisó que fue el mismo día -el 3 de abril del 2004- en que se suicidaron en Leganés siete de los terroristas que participaron en el atentado cuando se iniciaron los trámites para averiguar quién contrató el alquiler de la vivienda. También detalló que fue en esa fecha cuando comenzaron las pesquisas para corroborar quiénes habían tenido contacto con los terroristas suicidas durante su estancia en el inmueble.

Las defensas de los acusados mencionados por el inspector durante su declaración a la Fiscalía solicitaron precisiones sobre las afirmaciones realizadas por el funcionario policial, que aludió en todos los casos al desconocimiento sobre los hechos cuestionados, alegando que únicamente participó en interrogatorios como instructor o secretario judicial de determinadas diligencias.