Rabat envió a principios de febrero una delegación oficial a París y Madrid para informar de las líneas generales de su propuesta de autonomía para las «provincias del sur», y aseguró que el plan definitivo será presentado ante la ONU en abril. Por el momento, no han trascendido detalles de esta propuesta, que se viene anunciando desde hace un año. La delegación que visitó España no proporcionó documentos, sino sólo comentarios orales.

En cualquier caso, parece evidente que Rabat sólo considerará la posibilidad del derecho a la autodeterminación del Sáhara, entendido como un pronunciamiento en favor de un estatuto de autonomía. Marruecos jamás ha aceptado la vía de la independencia para el territorio saharaui. Defender este último camino es cuestión prohibida en el reino de Mohamed VI.

El propio primer ministro, Driss Yetú, ya avanzó anoche la línea central de la propuesta marroquí sobre el Sáhara Occidental. Yetú aseguró ante Zapatero que Marruecos pretende «ahorrar al espacio del Magreb todo riesgo de balcanización y de inestabilidad que engendraría la implantación de una entidad ficticia».

Según Yetú, su país «está decidido a conjurar a través del estatuto de autonomía ampliada, que permitirá a las poblaciones del Sáhara marroquí administrar sus asuntos en el marco de la soberanía, de la unidad y de la integridad territorial de Marruecos».

Precisamente, AI, en la carta remitida a Zapatero, dedica un apartado a desgranar la «gran preocupación» que le suscita la situación de los derechos humanos en el Sáhara y se refiere al informe elaborado por la delegación de la ONU que visitó la región el pasado mes de mayo y en el que se subraya que el pueblo saharaui tiene «gravemente coartado el ejercicio de su derecho a expresar opiniones, a crear asociaciones y a celebrar reuniones» y que, además, «está siendo privado de su derecho a la libre determinación».

AI denuncia también la «campaña coordinada de represión, a manos de las autoridades marroquíes», que está sufriendo, a lo largo del último año y medio, la comunidad saharaui dedicada a la defensa de los derechos humanos. La organización se refiere, además, a las restricciones que sufre la propia población marroquí, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con la monarquía o la disputa del Sáhara.

Por último, el informe aborda los resultados de la llamada Comisión de Equidad y Reconciliación, encargada de investigar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999. La citada comisión no pudo resolver todos los casos de desapariciones y detenciones arbitrarias que le fueron sometidos. Tal y como revela, existieron «problemas graves en cuanto a la cooperación con las autoridades».

Amnistía lamenta que la comisión no haya redactado conclusiones en relación con la «responsabilidad individual por violaciones del pasado, no mencione registros de los nombres de las personas afectadas, ni tampoco se refiera a la posibilidad de tomar medidas administrativas contra los cargos de la Administración que pudieran ser objeto de denuncias por violaciones graves en el pasado».

Desde la publicación de dicho informe, no se ha proporcionado a las víctimas un acceso efectivo a la Justicia ni se han hecho progresos para identificar a los responsables individuales de las violaciones cometidas. Ningún comité o grupo de trabajo gubernamental se ha preocupado por estos asuntos, «ni ha habido», señala AI, «una disculpa oficial del primer ministro por los crímenes cometidos en el pasado». El rey, por su parte, «sólo ha expresado su pésame a las víctimas».