La más importante modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) desde la aprobación de su primera norma reguladora echa por tierra, así, el deseo reiteradamente manifestado por el propio Tribunal de que el cambio tenga un amplio apoyo de las Cámaras para asegurar su perdurabilidad y garantizar que no responde a coyunturas políticas.

En contraste con la LOTC de 1979, que fue apoyada por más del 80% del Parlamento, la reforma a la que ayer dio luz verde la Comisión Constitucional del Congreso es rechazada por el 45% de la Cámara, incluyendo el principal partido de la oposición.

«Ésta es la LOTC del tripartito», dijo el portavoz del Grupo Popular, Ignacio Astarloa, en alusión a la que probablemente es la principal de las modificaciones introducidas, por afectar a la conformación misma del Tribunal: los cuatro magistrados que corresponde designar al Senado serán elegidos entre candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Precepto «inconstitucional»

Quedó en el aire la eventualidad de que la futura ley sea recurrida por los populares ante el propio TC cuando Astarloa dijo, elevando la voz, que se trata de un «precepto inconstitucional», que pervierte «la naturaleza del TC como órgano constitucional del Estado» y que únicamente busca satisfacer «una vieja pretensión nacionalista».

Todo ello fue negado por el portavoz socialista, Ramón Jáuregui, para quien la participación de las comunidades autónomas en la conformación del TC «es congruente con la naturaleza del Tribunal, con nuestro modelo de Estado, con la naturaleza del Senado y con los estatutos aprobados». «Ni se fractura ni se confederaliza nuestro país», añadió, ya que «las autonomías son también Estado».

Los socialistas rechazaron igualmente otras apreciaciones de Astarloa, que afirmó que la reforma será ineficaz, supone «una merma en la garantía de los derechos fundamentales» al permitir la inadmisión inmotivada de las demandas de amparo y persigue «mantener los privilegios» y la «autoprotección» de los magistrados del TC frente a la exigencia de responsabilidades jurídicas por parte del Tribunal Supremo.

El portavoz del PP se refirió también en términos críticos a la enmienda transaccional presentada ayer mismo por IU y que permitirá a María Emilia Casas mantenerse en la Presidencia del TC hasta diciembre (cuando termina su mandato como magistrada) pese a que el plazo para el que fue elegida presidenta vence el próximo junio.

La enmienda indica que, «si el mandato de tres años para el que fueron designados presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovación al TC, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca».

«A partir de ahora ésta será la ley Casas», manifestó Astarloa, que interpretó que la enmienda sale al paso de «un problema muy concreto que ustedes tienen por resolver», en referencia a los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatuto de Cataluña.

Para el portavoz socialista, sin embargo, la enmienda responde a la lógica de que «sean los 12 magistrados los que elijan a quien les va a presidir, y no que elijan al presidente quienes van a ser cesados en pocos meses».

La negativa del PSOE a aceptar que las normas forales de las Juntas Generales del País Vasco puedan ser recurridas ante el TC le costó el apoyo del PNV. El portavoz vasco, Aitor Esteban, aseguró que el PSOE se había comprometido en diciembre a introducir una previsión en ese sentido «y no ha cumplido».

«Esta ley es la primera plasmación del 'efecto Bermejo'», sostuvo durante el debate de la Comisión Constitucional el representante del PP, Ignacio Astarloa.

El portavoz explicó que la reforma del Tribunal Constitucional -llevada a la Cámara en 2005 «sin consenso previo» y con «informes demoledores» del Poder Judicial y la Fiscalía- estaba en trance de ser pactada en el Congreso -«me reuní dos veces con López Garrido y las negociaciones avanzaban positivamente»- cuando «todo se rompió abruptamente la semana pasada».

«Se me dijo que la ley se ha despachado con el nuevo ministro y que se cancelaba la negociación», señaló el portavoz del PP, que vio confirmada su impresión de que Mariano Fernández Bermejo «no viene a sumar consensos, sino a destrozarlos». «Tomamos buena nota y también damos por canceladas las negociaciones de otras leyes», añadió Astarloa, que citó expresamente las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El 'efecto Bermejo' fue negado en nombre del Grupo Socialista por Ramón Jáuregui, que en una elegante intervención admitió que «tienen razón en que la negociación de esta ley ha sido rara, porque el Grupo Socialista ha querido un acuerdo con todos los grupos».

«Pero al final el Gobierno ha tomado una decisión», añadió Jáuregui, que advirtió al portavoz del PP que «se equivoca». «No le atribuya al ministro de Justicia ni tanta maldad ni tantos poderes, que no los tiene».