«Debemos dar prioridad a la gente, promover el progreso más acelerado de los programas sociales, trabajar enérgicamente para resolver los problemas más prácticos de mayor preocupación para el pueblo y que afectan de manera más directa a sus intereses, salvaguardar la equidad social y la justicia y garantizar que todo el pueblo aproveche los frutos de la reforma y el desarrollo», aseguró Wen al inaugurar la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular.

El Gobierno chino, que horas antes había anunciado un importante aumento en el presupuesto militar del 18%, prometió reforzar la inversión en educación y sanidad, un mayor control en la privatización de industrias públicas que ha dejado a millones de trabajadores sin empleo y un programa social destinado a erradicar la pobreza entre los 800 millones de campesinos chinos.

El discurso, carente en su mayor parte de medidas concretas o detalles sobre la financiación de programas, retoma los mismos proyectos anunciados ya en años anteriores. La mayoría de los analistas, incluidos los expertos de la progubernamental Academia China de Ciencias Sociales, coinciden en que las políticas del régimen no han logrado hasta ahora acortar la disparidad entre pobres y ricos o entre las poblaciones más deprimidas del interior y el oeste del país y las más prósperas del este. El presupuesto de 2007 tratará de corregir algunos de esos desequilibrios sociales con un aumento del 42% en los fondos destinados a Educación, un 87% en Sanidad, un 15% en ayuda al campo y un 14% en Seguridad Social.

Wen aseguró ante los 3.000 delegados de la Asamblea Nacional Popular reunidos en Pekín que su Gobierno reducirá los costes de escolaridad de las familias con menos ingresos, aumentará la producción agrícola, mejorará las infraestructuras y facilitará el acceso de la población rural a los créditos bancarios. El resultado, aseguró, será la creación de un «nuevo campo socialista».

Las reformas capitalistas iniciadas por Deng Xiaoping en 1978 han sacado de la pobreza a más de 400 millones de chinos en las ciudades, pero no han beneficiado a millones de campesinos que han visto cómo el Gobierno desmantelaba el Estado del bienestar que antes garantizaba su sanidad, la educación de sus hijos o el sistema de pensiones de su vejez.

El régimen se enfrenta todos los años a decenas de miles de manifestaciones de protesta en las zonas más deprimidas, una inestabilidad que ha aumentado la presión sobre Pekín.

«Debemos evitar [una economía] que sólo busca un mayor crecimiento», dijo Wen al anunciar que, en el futuro, la política de su Gobierno tendrá más en cuenta las consecuencias de las medidas liberalizadoras. El primer ministro aseguró que tratará de enfriar la economía, limitar el crecimiento en 2007 al 8% -en 2006, fue del 10,7%- y «reducir el incremento en la disparidad de ingresos» entre la ciudad y el campo.

El medio ambiente ocupó una parte importante del discurso de 40 páginas y dos horas de duración del primer ministro. Pekín quiere penalizar a las industrias más contaminantes del made in China que fabrican los productos destinados a los mercados internacionales. El país tiene 18 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo, la mitad de sus bosques han desaparecido en las últimas tres décadas y los cinco principales ríos del país están altamente contaminados, aumentado los problemas de desertificación y escasez de agua.

El Gobierno asegura haber despertado ante el desastre medioambiental que ha seguido al rápido desarrollo de los últimos años y prepara un nuevo plan para frenar el deterioro con el cierre de las centrales de energía térmica, fundiciones y acerías más contaminantes. Las empresas verdes que empleen tecnología menos dañina para el medio ambiente recibirán, en cambio, beneficios fiscales.

Las propuestas lanzadas ayer por Wen serán discutidas y aprobadas por el Parlamento en los próximos días sin apenas oposición. La Asamblea Nacional Popular carece de influencia real dentro del sistema político chino y suele limitarse a aceptar las políticas previamente impuestas por el buró político.