Siempre hemos mantenido nuestras reservas a que un tribunal de un país se arrogue, apelando al principio de justicia universal, el derecho a juzgar hechos acaecidos en otro, de la misma forma que hemos defendido que, en todo caso, es mejor que esto se produzca a que los delitos queden impunes. Así lo dijimos, por ejemplo, en el caso Pinochet, instruido también por Garzón y, con mayor razón debemos posicionarnos en este caso, dada la condición de españoles de muchos de los desaparecidos. La Audiencia Nacional está además condicionada por su propia doctrina. Otra cosa es los efectos que pueda tener este capítulo en las relaciones con Rabat. Hoy mismo Zapatero se reúne con Mohamed VI con ocasión de la cumbre hispano marroquí y el conflicto del Sáhara estará sobre la mesa.

Los precedentes indican que Garzón abrirá un sumario y que la Audiencia Nacional dictará órdenes de extradición para intentar sentar en el banquillo a los que se considere responsables de genocidio. Desde luego, con las pruebas existentes, parace justificado que así lo hiciera. El problema se le planteará entonces al Gobierno, que tiene la última palabra para autorizar las solicitudes de extradición, a sabiendas de que haciéndolo pondría en peligro la colaboración con Marruecos. En el supuesto de que las autoridades españolas consintieran, Rabat podría no reconocer la legitimidad de nuestros tribunales, por lo que, agotada esa vía, lo lógico es que el asunto acabara en el Tribunal Penal Internacional o en la Corte Internacional de Justicia.