Mariano Rajoy apeló ayer a la España «sensata» al convocar a los ciudadanos a manifestarse el próximo viernes en todas las capitales de provincia y el próximo sábado en Madrid para protestar por la excarcelación de José Ignacio de Juana Chaos. Aunque este periódico prefiere que la política se haga en el Parlamento y no en la calle, pocos reparos se pueden formular a este acto, ya que es lógico que el PP recurra a un derecho constitucional para expresar su repulsa por una decisión del Gobierno que considera profundamente equivocada y de enorme relevancia, al igual que una amplia mayoría de españoles.
El día elegido para la concentración de Madrid es precisamente la víspera del 11 de marzo, una fecha de enorme carga simbólica y emocional. Esperemos que quienes vinculen ambas circunstancias lo hagan para respaldar la acción de la Justicia -personificada en los miembros del tribunal- hasta el pleno esclarecimiento de los hechos que rodearon la masacre.
Fiel a la consigna de que no hay mejor defensa -sobre todo, cuando no se tienen argumentos- que un buen ataque, José Blanco acusó ayer a Rajoy de «perder el juicio» y afirmó que la estrategia del PP es «hipócrita». Consciente del elevado coste político que puede tener la excarcelación de De Juana, el PSOE está contraatacando en una doble dirección.
En primer lugar, los dirigentes socialistas están intentando identificar al PP con una serie de grupúsculos de extrema derecha que han salido estos días a la calle. El PP nada tiene que ver con estos radicales que quieren pescar en río revuelto, pero corre el riesgo -si no controla la manifestación con un buen servicio de orden- de que le suceda lo mismo que al PSOE cuando fue acusado de forma injusta de complicidad con los exaltados que atacaron las sedes populares durante la invasión de Irak.
En segundo lugar, el PSOE está intentando convencer a los españoles de que el PP se plegó a las exigencias de ETA de acercar a sus presos durante el secuestro de Ortega Lara. En este sentido, la Ejecutiva aprobó ayer un documento en el que se afirma que el PP reagrupó a 43 presos -13 con delitos de sangre- para facilitar la liberación del funcionario de prisiones.
La tesis del PSOE es falsa tanto en lo que atañe a su contenido como al contexto: Aznar realizó excarcelaciones y acercamientos de forma muy selectiva, fomentando la reinserción y el arrepentimiento y jamás nadie pensó que ello podría ser una moneda de cambio con la banda. Además fue Mayor Oreja quien ordenó en mayo de 1996 poner fin a los contactos iniciados por el saliente director general de Prisiones, David Beltrán, que se había entrevistado con los etarras Parot y Zabarte para pedirles que intercedieran por Ortega Lara. En cuanto al contexto, el PSOE intenta ahora reinterpretar el pasado y buscar una polémica donde reinó la unanimidad. Lo cierto es que durante el largo cautiverio de Ortega nadie pensó que Aznar estuviera cediendo y ningún partido democrático criticó la política penitenciaria del Gobierno, caracterizada por su continuidad respecto a la aplicada por González.
Las iniciativas de Aznar siempre estuvieron orientadas a acabar con ETA, para lo cual adoptó todo tipo de medidas políticas, legales y policiales. Por el contrario, Zapatero empezó la legislatura jugando con el término «nación» y alentando disparatadas e inconstitucionales reformas de los Estatutos para acabar con este «proceso de paz» que ha resucitado a una banda al borde del colapso. Lo que hemos visto estos días es la claudicación ante un chantaje que se ha desarrollado ante los ojos de todos los ciudadanos, de lo cual no hay ningún precedente por mucho que se empeñe José Blanco.
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