El pasado viernes, Ciutadans presentó una moción subsiguiente que, en caso de ser aprobada -algo harto difícil, teniendo en cuenta la composición de la Cámara-, instará al Govern a «evitar la discriminación por razón de lengua entre los ciudadanos», y animará a la Administración «a ajustarse a la realidad social» de que «por razones históricas y demográficas, existen en Cataluña dos lenguas de uso mayoritario», el castellano y el catalán.

La moción consta de 14 puntos en los que la formación explicita que su preocupación por el bilingüismo no se acaba en las aulas de los colegios: pretenden que las dos lenguas -y el «occitano», en el caso del Vall d'Aran- estén presentes en cualquier relación entre las instituciones y los ciudadanos.

Los dos primeros puntos del texto buscan algo que Albert Rivera ya expresó durante su enfrentamiento con Josep Lluís Carod-Rovira: que las comunicaciones directas entre la Generalitat -y las demás administraciones con atribuciones en Cataluña- y «las personas físicas y jurídicas» se hagan en la lengua oficial que éstas elijan o, en su defecto, «en la que el ciudadano se haya dirigido previamente a la administración». Eso incluye, como destacan en Ciutadans, al Estado, porque la moción reclama al Parlament que le «inste» a cumplir ese precepto.

En el mismo sentido, el texto busca que se garantice «que los impresos oficiales de la Administración se encuentran a disposición de los usuarios sin demoras y en igualdad de condiciones al menos en castellano y catalán», y también que «las comunicaciones que se insten desde la Administración Pública de oficio y sin petición previa de los ciudadanos» se presenten al menos en las dos lenguas oficiales.

El otro pilar del documento es la rotulación, tanto de las infraestructuras -la señalización viaria, sobre todo- como de los comercios particulares.La semana pasada se conoció que el número de sanciones a establecimientos que no rotulaban al menos en catalán, como establece la Ley de Política Lingüística, aumentó un 63% en un año. En 2006, el Gobierno catalán recaudó un total de 55.675 euros, procedentes de multas a 194 empresas.

Para evitar eso, Ciutadans propone que el Parlament inste a «respetar la libertad de elección lingüística en la rotulación, señalización, documentación y etiquetado por parte de las empresas privadas en Cataluña». Añade, además, que se proceda a la «supresión de las Oficinas de Garantías Lingüísticas», que sirven para denunciar a quienes no cumplen con lo que establece la ley en esta materia.

La formación, que se declara no nacionalista, también pide que se garantice la «rotulación de los edifición de la Administración Pública» en los dos idiomas, así como que la publicidad institucional y las páginas webs de la Generalitat -y los formularios que se puedan descargar de ellas- sean accesibles igualmente en los dos idiomas oficiales.

La moción también propone vías de acción en el ámbito de las subvenciones -pide que ésta «no se condicione a la utilización en exclusiva de la lengua catalana»- y en la función pública: insta al Parlament a «promover el aprendizaje del catalán para los funcionarios» y «no condicionar la participación en los concursos de traslados del personal al servicio de la Administración a que cumplan los requisitos lingüísticos».

Para conseguir todo ello, los dos últimos puntos del documento proponen «derogar los preceptos de la normativa vigente que permiten un marco de sanciones, procediendo a la anulación de los procesos iniciados por la Agència Catalana de Consum o cualquier otro órgano» y «crear un organismo público que vele por el respeto de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración».

El diputado José Domingo dijo ayer que espera «el apoyo de todos los grupos a una propuesta llena de sentido común».