Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los socios habituales del Gobierno en el Congreso de los Diputados, mantienen sus peticiones de que la denominada Ley de la Memoria Histórica declare nulas las sentencias que dictaron durante la Guerra Civil y el franquismo los consejos de guerra y tribunales políticos.
Dicen que esto es imprescindible para que apoyen la «ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura».
Ayer concluyó el plazo para presentar enmiendas a los artículos de la ley, y ambos grupos dejaron bien claro que no van a votar a favor del proyecto si queda muy «devaluado».
IU-ICV.
El Gobierno propone, como «reconocimiento general», el derecho de los ciudadanos «a la reparación de su memoria personal y familiar» y que se declare «el carácter injusto» de las condenas y sanciones dictadas por razones políticas o ideológicas.
IU-ICV, en cambio, pide que ese artículo 2 del proyecto de ley sea sustituido por otro en el que se declare, de manera rotunda, «la nulidad» de las sentencias condenatorias del franquismo, ya que tienen una «radical ilegimitidad» porque las dictaron tribunales sin suficientes garantías.
Esto debe llevar, añaden, a que se anulen sus «consecuencias jurídicas», que hoy día aún están en vigor y crean problemas a muchas personas.
IU-ICV también pide una Fiscalía especial para ayudar a las familias de las víctimas; que las administraciones públicas costeen la localización de los cadáveres de las fosas comunes -el proyecto del Gobierno sólo prevé que «colaboren»-, quitar los símbolos franquistas de los edificios y transformar el Valle de los Caídos en un Memorial de la Libertad, entre otras cosas.
ERC.
No sólo proponen anular las sentencias, sino que el Gobierno apoye a quien denuncie crímenes contra la humanidad del franquismo, lo mismo que se persiguen en España los cometidos en otros países.
Este Grupo también propone indemnizar a los guerrilleros antifranquistas, retirar los símbolos franquistas de los edificios e iglesias y dar la nacionalidad española a los exiliados y a sus hijos.
PP.
Los populares pidieron en su día que fuera devuelto al Gobierno este proyecto de ley, porque lo consideran «innecesario, irrelevante y falsario». Ayer registraron 26 enmiendas en las que piden que se amplíen las indemnizaciones a otras víctimas; prohibir actos de exaltación de cualquier bando de la Guerra Civil; trasladar miles de documentos de la Fundación Pablo Iglesias al Archivo de Salamanca, y que se excluya de las indemnizaciones a los terroristas.
CiU.
Ha presentado 26 enmiendas, entre ellas que se declare el «carácter injusto» de las sentencias de la dictadura y que los tribunales eran «ilegítimos» En muchas tampoco propone nada radicalmente distinto al texto del Gobierno, por lo que buena parte de ellas puede aceptarlas el PSOE.
El PNV pide devolver al País Vasco documentos incautados durante la Guerra; Coalición Canaria, ampliar un año el plazo para que se pueda indemnizar a la familia de una víctima de esa Comunidad. EA y BNG también han presentado enmiendas.