El proyecto del Ejecutivo habla de un «reconocimiento general» en su artículo 2, según el cual «se reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas, por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraran quienes las padecieron, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura». El Gobierno forzó casi una veintena de retrasos de los plazos de enmiendas y, finalmente ayer, los partidos con los que negociaba han presentado enmiendas que cambian totalmente el sentido del texto inicial del Ejecutivo. Fuentes del Grupo Socialista aseguran que mantendrán ahora la negociación sobre esas enmiendas para buscar el acuerdo, tras fracasar el intento de asegurar antes el apoyo. Afirman que es posible el acuerdo con PNV y CiU -que no piden la anulación de los procesos del franquismo-, que es difícil con IU y casi imposible con ERC. El escollo con los nacionalistas vascos es la reclamación de documentos del Archivo de Salamanca que, hasta este momento, el Gobierno siempre ha negado. Según dichas fuentes, el Grupo Socialista tiene ahora un largo plazo en ponencia y en comisión hasta llegar al Pleno, no antes del final de este periodo de sesiones. La tramitación podría prolongarse en el Senado hasta después del verano.