OLGA R. SANMARTIN
MADRID.-
Andan nerviosos los regantes en el tercer año de sequía, a la espera de conocer cuántos grifos les cerrará este verano la falta de recursos y con miedo a que les suban la factura. Andan preocupados porque creen que el Gobierno no ha elaborado bien los planes antisequía que empezarán a funcionar en primavera. Las cuentas no salen, sostienen los regantes, porque el Ministerio de Medio Ambiente quiere repartir más agua de la que realmente hay.
Por eso, el colectivo que consume el 70% de las reservas españolas diagnostica: «El sistema no puede soportar en la actualidad todos los usos que dependen de él, y mucho menos atender las reservas previstas en el Plan Hidrológico». Este alarmante análisis -que podría leerse en clave de autocrítica- aparece entre las alegaciones que ha presentado la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) contra los Planes Especiales de Alerta y Eventual Sequía del Gobierno. Este paquete de enmiendas, que tienen carácter no vinculante, se explicarán hoy en unas jornadas ad hoc.
La primera de las alegaciones dice que Medio Ambiente ha «sobrevalorado» los recursos que están disponibles. Lo explica Andrés del Campo, presidente de Fenacore: «Se ha utilizado al elaborar los Planes una serie histórica de datos desde 1940 que no valora adecuadamente la reducción [de agua] de los últimos 25 años».
Es decir, que el Ministerio no ha tenido en cuenta la explosión demográfica, ni los campos de golf, ni las macrourbanizaciones del Levante, ni las piscinas... ni toda esa gran demanda de agua extra que empezó a surgir a partir de los años 80. En el documento de alegaciones presentado a Cristina Narbona, Fenacore denuncia que «no se han limitado las nuevas demandas», algo que conducirá al «agotamiento del sistema, la escasez permanente y el conflicto continuado entre los distintos usuarios».
Pero hay más alegaciones: los planes tienen «importantes carencias»; «no son ni abiertos ni completos»; «no adelantan ninguna medida» para paliar los efectos económicos de la sequía en la agricultura, y no analizan la cuestión desde un punto de vista legal.
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