El pasado 13 de diciembre el director del área territorial de la capital, Bonifacio Alcañiz, remitió una misiva al jefe del servicio de Inspección Educativa, Mariano Rodríguez, en la que le informaba de lo ocurrido en la guardería. El director pide que los inspectores analicen el «número de unidades que funcionan actualmente en el centro» y la «relación nominal de profesores/as que prestan servicios en la misma y si estos llevan a cabo su trabajo de manera adecuada y satisfactoria para los alumnos». Respecto a la información específica sobre las imágenes en cuestión, nada de nada. Esta orden se da después de que el consejero de Educación, Luis Peral, hubiera visto las imágenes el día anterior en su despacho.

Según el relato de los hechos que hacen los propios funcionarios, «en ningún momento se informa a los inspectores de posibles irregularidades y, por supuesto, la Inspección desconoce, porque no se le informa, que exista un vídeo con esas irregularidades».

Es por ello, y según este relato, que el inspector realiza el informe «sobre los puntos solicitados» por la dirección. El 8 de enero la Dirección General de Centros se dirige a la escuela infantil en cuestión para comunicarle las irregularidades detectadas sobre «unidades y titulaciones detectadas por el inspector y se le da 10 días hábiles para corregirlas». El 8 de febrero, el inspector vuelve a hacer una visita al centro para comprobar que se han corregido las deficiencias. «Sólo el 1 de marzo, después de que el vídeo se ha emitido por televisión, se informa a la Inspección de los problemas que en él se contienen y se le proporciona la posibilidad de verlo. Lo cierto es que hasta ese momento no se había informado a la Inspección de la existencia de problemas y, como se puede suponer, en presencia del inspector no se producían esos hechos». Finalmente, el pasado día 1 los funcionarios volvieron a visitar la guardería, después de conocer la existencia de las imágenes, y redactaron un informe de la situación «lo que sin duda hubiera hecho antes de haber tenido la más mínima información o sospecha de maltrato a alumnos».

El jefe de la Inspección asegura que la actuación de sus subordinados fue correcta. «Cuando visitamos la guardería lo hicimos desconociendo el contenido del vídeo», asegura. Pero Rodríguez introduce un matiz. Asegura que el director del área territorial le comunicó verbalmente la existencia de las imágenes en las que se observaba «una administración indebida de alimentos. Yo transmití de la misma manera esta información al inspector», precisa. Pero el jefe de la Inspección no puede explicar el motivo por el que en el escrito remitido por el director del área territorial no aparece una alusión explícita a los supuestos malos tratos dados en la escuela infantil.

Por su parte, el consejero de Educación se vio obligado a salir al paso de estas acusaciones que el líder de la oposición, el socialista Rafael Simancas, las hizo suyas. «Es absolutamente falso». El consejero aseguró que el inspector que acudió al centro fue informado por el inspector jefe de Madrid capital de los hechos que figuran en la cinta, antes de su visita y «por eso se realizó a la hora de la comida», precisó, informa Europa Press. Es decir, dice lo mismo que el jefe de la Inspección. Según la versión de Peral, el 12 de diciembre se comunicó a la Consejería la existencia de las imágenes, y el día 13 se dio a conocer a la Inspección. «Se nota mucho que Rafael Simancas nunca ha gestionado nada en la Administración y no sabe cómo funcionan las inspecciones, no sólo ésta, sino tanto las de trabajo como las de sanidad. No sabe el tipo de instrucciones escritas que se reciben en los asuntos que requieren una investigación». El candidato socialista a la Comunidad exigió que la Inspección garantice en el plazo máximo de un mes que no hay problemas en las guarderías. Simancas acusó al Gobierno regional, al Defensor del Menor y al consejero de ser autores de una «gravísima irresponsabilidad», ya que a su entender, los daños se podían haber evitado y «no se hizo».