Los sindicatos CCOO, UGT y la Federación de Padres Giner de los Ríos son los autores de esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que pretende prevenir comportamientos conflictivos en las escuelas de Madrid. Estas tres organizaciones tienen tres meses para conseguir 50.000 firmas de apoyo.

Esta ley además creará una memoria económica para ejercer un control claro sobre el destino del dinero invertido. Una vez que sea aprobada, los planes de convivencia se ejecutarán en un plazo máximo de un año.

La principal consigna será fomentar la resolución pacífica de los conflictos. Para esto se encargará a un profesor coordinador, con 12 horas lectivas semanales, para liderar los grupos de mediación. De la misma forma, se incrementará el número de orientadores y de maestros técnicos en los centros de alumnado en riesgo de exclusión social. Así, se regulará el Observatorio Regional de la Convivencia escolar, que estará vinculado al Consejo Escolar. La Comisión Regional de Convivencia será el ente que efectúe un seguimiento de este proceso en la Comunidad de Madrid. «No necesitamos sólo vigilar y castigar, sino promover la convivencia, prevenir, sensibilizar e introducir medidas reeducativas», expresó Javier López, secretario general de UGT-Madrid.

Francisco García, secretario general de Enseñanza de CCOO, aseguró que el propósito de esta ley es «sensibilizar a todos sobre el problema de la convivencia en los colegios, antes que pensar únicamente en sanciones, como ocurre con los otros planteamientos».

«Lo importante es detectar el problema (en un colegio) y darle asistencia gratuita, medidas de apoyo tanto al agredido como al agresor», agregó García.

Uno de los artículos menciona que el Gobierno regional debe poner especial atención a la erradicación de las conductas violentas y vejatorias en los medios de comunicación, por lo que debe realizar las actuaciones necesarias para que se den a conocer las buenas prácticas de convivencia escolar.

Los propulsores de la ILP anunciaron una marcha para el próximo 22 de marzo, que partirá desde Plaza Colón hasta la calle Sevilla, en contra de la privatización de los servicios públicos.