La aparición del documento, difundida ayer por el periódico The Guardian, complicaría aún más la situación de Lord Levy, quien ya fue arrestado e interrogado por la policía británica en dos ocasiones por su presunta implicación en esta maniobra que ha puesto en jaque al Gobierno de Tony Blair.

Según lo publicado por el diario británico, Levy solicitó a la directora de relaciones institucionales de Downing Street, Ruth Turner, la «modificación» de algunos datos en el informe sobre el caso que la funcionaria había elaborado el año pasado para presentar a las autoridades policiales.

Este dossier, según el rotativo, constituye un elemento central en la investigación oficial, ya que la relación entre Levy y Turner, quien también fue detenida e interrogada otras dos ocasiones, tiene una importancia fundamental para discernir el grado de responsabilidad del Gobierno en la venta de asientos en la Cámara de los Lores a una docena de empresarios allegados al Laborismo oficialista. Desde hace un año, la policía investiga esta supuesta venta que, de confirmarse, incumpliría una ley de 1925.

Parón en la rotativa

Sin embargo, éste no fue el único dolor de cabeza que ayer debieron de padecer las autoridades británicas. Poco después de conocerse la noticia y tener una extraordinaria difusión en la radio, televisión y páginas de internet locales, se supo también que la publicación del artículo de The Guardian intentó ser abortada por el fiscal general del Estado, Lord Goldsmith.

A pesar de que el fiscal, tras enterarse del contenido del artículo, envió una orden judicial al periódico para frenar la salida de la primera edición del matutino, los abogados de The Guardian lograron un recurso de amparo por parte de la Justicia para contrarrestar su efecto y conseguir, finalmente, que las novedades del caso llegaran a manos de los lectores.

En una declaración conjunta, Scotland Yard y Lord Goldsmith lamentaron la publicación del artículo por considerar que «ciertos aspectos» de su contenido «pueden socavar» el desarrollo de la investigación. Pero este argumento fue rechazado por los abogados del periódico, ya que, según los letrados, los datos incluidos en la historia «fueron consultados con Lord Levy» y con la propia policía.

«El artículo tiene buenas fuentes y su contenido es claramente de interés público. En este país existe un principio bien establecido que da cuenta de que el estado no puede hacer ejercicio de la censura previa sobre los periódicos», culminaron los defensores.