El pastor protestante Liu Fenggang fue detenido en octubre de 2003 tras denunciar la demolición de cientos de iglesias en su Zhejiang natal, encerrado en un campo de trabajos forzados sin juicio previo y sometido durante los siguientes tres años a interminables sesiones de «reeducación». El pasado cinco de febrero, tras ser puesto finalmente en libertad, sus primeras palabras fueron para decirle al Partido Comunista que su sistema no había funcionado con él y que seguía pensando lo mismo. «Continuaré hablando en defensa de los perseguidos», anunció Liu desafiante al reunirse con su mujer y su hijo en la ciudad de Hangzhou.
El régimen comunista impuso los modelos laogai (reforma a través del trabajo) y laojiao (reeducación a través del trabajo) poco después de llegar al poder en 1949. La idea detrás de ambos sistemas, admitida abiertamente por el Partido Comunista, era corregir a quienes se desviaban de la línea ideológica marcada por el Partido.
Ni el paso de los años ni las reformas capitalistas han variado una estructura represiva fuertemente criticada por los países occidentales y las organizaciones de Derechos Humanos. Sólo ahora, más de 50 años después de su creación, algunos líderes chinos han llegado a la misma conclusión que Liu Fenggang. El sistema no funciona.
La posible supresión del modelo laojiao forma parte de las 20 leyes o cláusulas legislativas que se discutirán en la Asamblea Popular Nacional (APN) que se celebra estos días en Pekín. La primera propuesta para suprimir los programas reeducativos fue presentada en 2005, pero no llegó a ser votada porque los sectores más conservadores del régimen se opusieron frontalmente al temer que pudiera debilitar el control del Estado sobre la población. El cambio de opinión fue confirmado la semana pasada por el periódico oficialista The China Daily con un editorial en el que pedía su supresión porque la «carencia de protección judicial los hace incompatibles con el progreso del país en la defensa de los Derechos Humanos».
El sistema laojiao deja en manos de la policía la decisión final sobre quién deber ser encarcelado, cuándo y por cuánto tiempo. Las detenciones tienen como objetivo a pequeños delincuentes, drogadictos o prostitutas, pero a menudo incluyen disidentes. Los programas han sido aplicados a más de medio millón de personas desde su creación, incluidos los opositores que en 1998 fueron detenidos por crear el Partido Democrático Chino, miembros de la secta Falungong, separatistas de las minorías étnicas o religiosos cristianos que no siguen las directrices de la Iglesia Patriótica controlada por Pekín.
El Partido Comunista busca una solución intermedia que corrija los abusos del modelo laojiao sin necesidad de eliminarlo del todo. Las instituciones pasarían a llamarse «correccionales», se suprimirían las celdas y barrotes, el internamiento tendría un límite de 18 meses en lugar de los cuatro años actuales. Los sospechosos, además, tendrían derecho a un abogado y a la revisión de sus casos. El profesor Fu Hualing, de la Universidad de Hong Kong y autor del mayor estudio sobre el sistema de reeducación mediante el trabajo en China, asegura que los nuevos centros se convertirán en «colegios de formación» y perderán gran parte de su carácter punitivo. «Estarán más centrados en el tratamiento que en el castigo», según Fu, que calcula que el 80% de los internos son actualmente drogadictos.
El Gobierno pretende, sin embargo, mantener prácticamente intacto el sistema penitenciario laogai con el que castiga los crímenes supuestamente más graves después de un proceso judicial y una sentencia firme. La organización Laogai Research Foundation, creada por uno de sus ex reclusos más célebres, el histórico opositor Harry Hu, niega que los laogai estén destinados a delincuentes comunes y asegura que hay en el país 1.100 cárceles para suprimir a la disidencia. La ONU denuncia que se utilizan contra los enemigos políticos del régimen y pide su eliminación.
«No se trata sólo de un sistema penal: es un instrumento político para mantener el control totalitario del régimen», según Hu, que pasó 19 años en uno de esos campos por exigir reformas democráticas (entre 1960 y 1979). Los centros, cuya localización rara vez se conoce, están dirigidos por una mezcla de funcionarios de prisiones, psicólogos y oficiales del Partido Comunista encargados de determinar los programas que necesitan los internos, que a menudo son sometidos a jornadas de trabajo de hasta 14 horas. El Gobierno aprovecha la mano de obra gratuita que ofrecen los prisioneros para la fabricación de algunos de los miles de productos Made in China que se exportan a todo el mundo. La construcción de carreteras, la fabricación de artículos para uso de la Administración pública o empleos no productivos ligados directamente al castigo también forman parte del programa.
Harry Hu, que desde su liberación ha iniciado una campaña para forzar al Gobierno chino a reformar su sistema penitenciario, cree que el objetivo es destrozar la voluntad del recluso a través de violencia física y la intimidación.
