En este sentido, Corbacho mostró su confianza en el buen hacer de los alcaldes para tratar de raíz la problemática de los pisos patera. Una determinación marcada por su propia experiencia en la alcaldía de L'Hospitalet y titulada por la reflexión de que los ediles son los que encabezan la administración «más próxima a la ciudadanía». Teniendo en cuenta esta firme premisa, Corbacho aseguró que los alcaldes son los que mejor pueden combatir los abusos de algunos propietarios, «que se enriquecen a costa de tener 20 o más personas viviendo en un piso». Las afirmaciones del presidente de la Diputación se suman a las del conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, quien aseguró, hace unas semanas, que para evitar la sobreocupación de las viviendas la Generalitat «abrirá un expediente e impondrá sanciones económicas importantes a los propietarios que incumplan esta normativa».

Corbacho, que mantiene contactos sobre esta iniciativa con Baltasar y el conseller de Economía, Antoni Castells, aseguró que una vez el Govern haya aprobado la reforma prevista para antes del verano, los alcaldes asumirán esta nueva función a través de una ley del Parlament o un decreto del Govern.

En todo caso, en el marco de la futura ley de Vivienda se creará un baremo, hasta ahora inexistente, que ofrecerá la posibilidad de fijar un número a partir del cual se considerará si un piso está sobreocupado o no.

En referencia a la inmigración y su inevitable vínculo con la problemática de los pisos patera, Corbacho añadió que los ediles necesitan «reforzar la autoridad democrática del alcalde para gobernar los nuevos cambios sociales que se están produciendo en nuestras ciudades». No obstante, tseñaló, odo ello es inútil si no se ofrecen «más competencias y financiación para los ayuntamientos».

Estos «cambios sociales» a los que se refiere el alcalde de L'Hospitalet son un hecho irrefutable en mucho de los barrios del área metropolitana de Barcelona. No hay que olvidar lo acontecido en Badalona el pasado mes de febrero, cuando un grupo de vecinos del barrio de la Salut forzaron el desalojo de dos pisos patera en apenas 48 horas.

Esta presión vecinal supuso que una veintena de ciudadanos rumanos, que okupaban una vivienda situada en el número 90 de la calle Pau Piferrer desde mediados de diciembre, abandonaran la finca secundados por la policía y algunos aplausos de un grupo de vecinos que festejaban la marcha.

El año pasado se detectaron, sólo en Badalona, 176 pisos sobreocupados, la mayoría por ciudadanos de origen rumano.