Los partidos del Govern -PSC, Esquerra e ICV-EUiA- firmaron ayer una propuesta de resolución para pedir al Parlament que traslade «las irregularidades detectadas en las cláusulas de indemnización por rescisión de contratos del personal de alta dirección» de esta entidad en los años 2002 y 2003 «ante la jurisdicción ordinaria» para «que se depuren las eventuales responsabilidades de todo orden».

Estas irregularidades fueron detectadas por la Sindicatura de Comptes en un informe que fue presentado el martes en el Parlament.En el citado estudio, el ente fiscalizador de la Cámara catalana detectó que cuatro altos cargos de la Corporación -una empresa pública que agrupa a TV3 y Catalunya Ràdio entre otras entidades- cobraron indemnizaciones por importe de 1,2 millones de euros en el año 2002 al ser rescindidos sus contratos de trabajo. Además, en el año 2003 se pagó otra indemnización, de 227.779 euros, al ex director de TV3 Joan Oliver.

Según la Sindicatura, en el cálculo de estas indemnizaciones -que fueron cobradas por Josep Badia, Carme Ponte, Joan Maria Clavaguera y Josep Manel Ferrer- hubo irregularidades como, por ejemplo, que en algún caso se pagasen 90 días por año trabajado, cuando el contrato estipulaba 45. O que se incluyese en el cómputo de la indemnización un periodo de tiempo en el que el trabajador indemnizado no estuvo vinculado a la empresa por una relación laboral, ya fuera porque tenía un contrato mercantil, porque era funcionario o interino o porque ocupaba un cargo político.

El Tribunal de Cuentas ha tomado cartas en el asunto y ha abierto diligencias previas por supuesta responsabilidad contable. Este proceso, que puede concluir con multas o con la retirada de las indemnizaciones, transcurrirá en paralelo al que inste la justicia ordinaria.

Lo que el tripartito no tiene muy claro es qué tipo de jurisdicción debe encargarse del asunto. Por eso, el Govern ha pedido a sus servicios jurídicos que «determinen los procedimientos adecuados».De momento, se baraja la posibilidad de que las anomalías detectadas puedan ser constitutivas de un presunto delito de malversación de caudales públicos, lo que obligaría a actuar a la jurisdicción penal.

No obstante, esta conducta podría suponer un mero ilícito administrativo, lo que haría entrar en el juego a los tribunales de lo contencioso y podría como resultado, en caso de prosperar, la imposición de una sanción a los responsables de la decisión de abonar las citadas indemnizaciones, Miquel Puig y Vicenç Villatoro, que eran los directores generales de la CCRTV durante la época en que se ordenaron los pagos.

Tanto una jurisdicción como la otra tendrían capacidad para obligar a los beneficiarios de estas indemnizaciones a devolverlas en su totalidad o en parte si se determina que fueron injustamente pagadas. Lo que no podrán hacer los tribunales es multar a la actual cúpula de la Corporació por carecer de implicación en el asunto, según apuntan fuentes de la Sindicatura.

Aunque el tripartito tomó el control de la entidad pública que controla TV3 a principios de 2004, tras formar su primer Govern de coalición, la actual Entesa ha solicitado en la misma propuesta de resolución a la Sindicatura que «fiscalice las cuentas del año 2004» de la CCRTV y que en su informe «relacione el valor individual de las indemnizaciones efectuadas durante ese año con identificación de sus beneficiarios».

Algunos miembros de CiU han visto, detrás del interés que las indemnizaciones a altos cargos de su confianza han despertado, un intento por parte de Esquerra de desprestigiar a Vicenç Villatoro -uno de los artífices de estos pagos- que es un hombre cercano a los postulados de los republicanos y que goza de cierto predicamento en sectores del partido independentista.

Mientras, el Comité de Empresa de TV3 pidió ayer que se investiguen estas irregularidades para «aclarar completamente las responsabilidades», informa Europa Press. Los empleados de la televisión pública tildaron de «inadmisibles» estos hechos que han «perjudicado gravemente la imagen y la economía de la CCRTV».

Y es que las indemnizaciones pagadas en el año 2002 a los altos ejecutivos equivalen al 65% de la nómina total pagada ese año por la entidad pública al conjunto de su plantilla, que se cifraba en 27 empleados.