El Gobierno español ya está en los tribunales comunitarios por el refuerzo de la Comisión Nacional de la Energía, con derecho de veto de empresas no españolas, y ahora Bruselas pretende denunciarlo nuevamente por haber interferido en una fusión que la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, aprobó el 25 de abril de 2006 sin requisitos y que aún no se ha hecho realidad. El Gobierno considera sus medidas, aceptadas por E.ON, indispensables para la seguridad del suministro.

Según el portavoz de Kroes, Jonathan Todd, la Comisión le ha dado en el dictamen motivado enviado al Ejecutivo Zapatero un plazo tan breve porque ya ha tenido «suficientes oportunidades» para eliminar las condiciones consideradas en Bruselas un obstáculo a la libre circulación de capitales en la UE.