Según Almunia, la política presupuestaria española es «prudente, teniendo en cuenta los crecientes desequilibrios exteriores, el diferencial con la zona euro y, como en el caso de la mayoría de los países de la UE, los futuros costes del envejecimiento de la población».

Ésta es, de hecho, la mayor amenaza para las finanzas públicas españolas, ya que, como advertía el comisario, «a pesar de la mejora demográfica, de la mejora de los niveles de empleo y de la política fiscal, todavía queda un trecho para poder garantizar una posición sostenible de las finanzas públicas a largo plazo en España, y a eso deben contribuir los ajustes en los sistemas de pensiones y una vigilancia muy estricta sobre la evolución del gasto sanitario».

España es, según los cálculos de Bruselas, uno de los países donde más aumentará el gasto ligado al envejecimiento en los próximos 40 años, aunque podrá compensarse gracias a la inmigración y al aumento de la tasa de empleo, por encima de la media europea.