Jueves, 8 de marzo de 2007. Año: XVIII. Numero: 6290.
OPINION
 
Editorial
ZAPATERO EXPLICA PERO NO CONVENCE, 'ANTES O DESPUÉS' DEBERA RECTIFICAR

El de ayer en el Senado fue un debate intenso, con momentos de gran tensión, en el que algunos representantes del PP se comportaron zafia e incorrectamente. El presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo, perdió también los papeles y se excedió al gritar: «¡Esto es una vergüenza!».

Zapatero no rehuyó en ningún momento debatir y exponer sus argumentos, lo cual refuta las acusaciones de que no ha querido dar la cara en el caso de De Juana Chaos. Entrando en el fondo del asunto, las explicaciones de Zapatero se pueden sintetizar en dos mensajes: primero, que el Gobierno no ha accedido al chantaje del etarra porque su régimen de prisión atenuada ha sido convalidado por un juez y, segundo, que existen precedentes de decisiones similares durante la etapa de Aznar.

Tratando de convertir el caso De Juana en el eterno caso PP, Zapatero afirmó que «es la primera vez que un partido político se atreve a decir que un Gobierno ha cedido a las presiones de ETA», calificando de «indigno», «hipócrita» y «cínico» su comportamiento.

Dejando al parecer para Rubalcaba la ejecución de su lamentable amenaza de revelar «cosas que no se conocen», Zapatero insistió en datos ya difundidos, como que durante el Gobierno de Aznar tuvieron lugar 306 excarcelaciones anticipadas de presos de ETA, de las cuales 54 correspondían a internos con penas de más de 30 años de cárcel. También señaló que en esa etapa se concedió la prisión condicional a 21 etarras por motivos de salud, se reagrupó a 43 presos durante el secuestro de Ortega Lara y se aprobaron dos redenciones de pena de 350 días a De Juana Chaos por un libro en el que justificaba la violencia de ETA.

Todos estos datos son ciertos, pero también lo es que la gran mayoría de todas esas decisiones no despertó ni la menor polémica porque se ajustaban a la legalidad y contaban con el apoyo del PSOE, del PNV y de otras fuerzas parlamentarias.

Como manifestaba ayer Mayor Oreja a este periódico, él tuvo que resistir como ministro las presiones del PSOE y del PNV, que le empujaban a acercar más presos y a excarcelar un mayor número de etarras. En todo caso, lo que carece de sentido en estos momentos es examinar restrospectivamente lo que se hizo hace seis u ocho años, cuando las circunstancias políticas y la legislación penitenciaria eran distintas.

Por mucho que se esfuerce Zapatero en llevarnos por otros derroteros, lo que diferencia la decisión que se ha tomado ahora de todo lo que se hizo en el pasado -con sus errores y sus aciertos- es que jamás se había adoptado medida penitenciaria alguna para ceder a un chantaje de ETA. Es la primera vez que un Gobierno democrático claudica ante la coacción. Y no vale decir que se trataba de una iniciativa individual porque el entorno de la banda la hizo suya, convirtiendo la reivindicación de De Juana en móvil y coartada tanto de sus pasquines como de sus cócteles molotov.

Zapatero afirmó ayer que la ruptura entre el PSOE y el PP en esta materia «antes o después tendrá que tener un punto final» porque el país lo necesita. Estamos totalmente de acuerdo y es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero ello requiere una rectificación en la política del Gobierno, que ha sido quien ha roto el consenso cuidadosamente preservado durante muchos años.

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