También suspiró aliviado el preparador Manolo Saiz, uno de los detenidos en el pasado mes de mayo, cuando fue sorprendido por varios agentes de la Guardia Civil a la salida de una cafetería de un hotel madrileño. El director, inmerso en una profunda tristeza desde que ha quedado marginado del ciclismo profesional, recibió la comunicación de la clausura del caso durante la tarde de ayer. Después atendió las llamadas telefónicas de periodistas, pero, como viene haciendo desde que estalló el escándalo, no realizó declaraciones oficiales. Él sigue acatando las órdenes de silencio absoluto impuestas desde el gabinete de abogados que le asesora judicialmente. Sin embargo, ahora medita organizar una rueda de prensa para hablar de la sentencia del juez y dar su versión sobre lo ocurrido en los últimos meses.

Tanto Belda como Saiz se sienten maltratados y usados políticamente. «Ellos y Eufemiano Fuentes han sido utilizados como chivos expiatorios», advierten desde el entorno del ex director del Comunidad Valencia. Por sus cabezas, y por la del medio centenar de corredores afectados por el proceso judicial, pasa la idea de pedir daños y perjuicios, pero no lo podrán hacer hasta que no haya una sentencia firme.

«Estamos contentos, pero la sentencia absolutoria llega tarde, cuando ya se han provocado unos daños irreparables para los equipos y muchos corredores. Esto ya no se arregla con nada. Alguien tendrá que pagar todo esto», dice un allegado a Manolo Saiz.

Agustín Tornos, letrado del hematólogo José Luis Merino Batres, se congratuló por el auto del juez Antonio Serrano. «A mí me parece una sentencia impecable y coherente desde el principio al fin, pero lo que me extraña es que hayan tardado tanto en redactarla, porque antes de instruir el caso ya se sabía que la legislación española no contemplaba castigar penalmente los casos de dopaje».

Julián Pérez Templado, abogado de Belda y Eufemiano Fuentes, también se mostraba satisfecho, pero no quería cantar victoria porque presume que el caso continuará con los recursos que presente la abogacía del Estado. «Yo desde el principio lo tenía muy claro, porque era evidente que existía una falta de tipificación del delito y porque los informes del Instituto de Toxicología de Madrid y del Centro Antidopaje de Barcelona evidenciaban que no se había cometido una falta de salud pública. Las bolsas de sangre estaban debidamente conservadas. Creo que en la decisión del juez también ha influido que se archivara la denuncia de Jesús Manzano», señaló ayer a este periódico en conversación telefónica.

La euforia y la satisfacción también se desataron entre los ciclistas, que ahora comienzan a desprenderse del cartel de sospechosos y de deportistas siempre proclives a las trampas. A algunos como Joseba Beloki o David Etxebarría, que continúan entrenándose diariamente a pesar de no tener equipo, se les abre una puerta a la esperanza y comienzan a alejarse de los juzgados, donde han tenido que declarar como testigos en la operación Puerto. A fecha de ayer no se habían cerrado las declaraciones de todos los corredores llamados por el juez para declarar en los juzgados más cercanos a sus domicilios o en comisión rogatoria para los ciclistas que viven fuera de España.