Guerra cruenta en los juzgados con repercusiones en poderosos despachos políticos y mediáticos. Con la operación Puerto se escenificó una pugna sin tregua entre el Consejo Superior de Depotes (Jaime Lissavetzky) y el sector duro (Manolo Saiz y Vicente Belda), que sirvió de preludio y caldo de cultivo para la promulgación de una ambiciosa Ley Antidopaje, aprobada recientemente.
El 23 de mayo, con las detenciones de Saiz, Eufemiano Fuentes y Merino Batres arrancó un proceso plagado de acusaciones, demandas y contradicciones.
La defensa de Manolo Saiz presentó el pasado 13 de agosto una denuncia por falsedad y prevaricación contra Rafael Blanco (director general de Deportes) en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid por considerar que el informe que el Consejo Superior de Deportes (CSD) envió a la Federación Española no coincidía con el depositado en el Juzgado 31, que instruye la operación Puerto. Ese documento elaborado por la Guardia Civil que sirvió para que el equipo Liberty fuera excluido del Tour de Francia y cerca de medio centenar de corredores quedaran apartados de la competición. Ese informe, como publicó EL MUNDO, llegó a la sede del Consejo Superior de Deportes el 29 de junio, pero no fue numerado en el registro de entrada porque la oficina se encontraba «cerrada o por razones de confidencialidad», según justificó el CSD.
Por este motivo, fue llamado a declarar el teniente de la Guardia Civil responsable de la investigación, que delante de la magistrada María Luisa Alvarez, se niega a contestar las 69 preguntas formuladas por la defensa de Saiz y Jan Ullrich. El agente del Instituto Armado reconoce que ambos informes no son idénticos y que las diferencias se deben a errores mecanográficos. Las diferencias se basan en la supresión de párrafos y en la ausencia de firma y sello. Los párrafos cortados hacen referencia a un tal Jandro, que supuestamente formaría parte del equipo Liberty Seguros y sería colaborador de Eufemiano Fuentes, al que se le deberían 12.000 euros.
Los corredores afectados por el caso también comienzan a moverse y un grupo de ellos presentan una denuncia en el Juzgado 47 contra el secretario general de la Federación Española de Ciclismo por vulneración de la intimidad.
Los conflictos judiciales se agudizan cuando a finales de noviembre el ex corredor Jesús Manzano acusa al abogado Carlos Bueren (letrado de Saiz) de ofrecerle dinero a cambio de no personarse en el caso como acusación particular. Por este motivo, el abogado Santiago Lucas presenta la renuncia como defensa de Manzano.
En la vertiente facultativa del caso también aparecen contradicciones. Así, según informó este periódico el 28 de noviembre, el número de bolsas de sangre decomisadas a Fuentes no coincide en las actas del secretario judicial, atestado y los oficios 116 y 207 de la Guardia Civil. El laboratorio de Barcelona certifica que en ocho de cerca del centenar de bolsas analizadas se encontraron elevadas muestras de EPO exógena. Una de esas bolsas, según los códigos elaborados por el doctor canario, correspondía a las siglas VAL (PITI), que según varios medios servirían para identificar a Alejandro Valverde. Tanto el CSD como la Federación Española desmintieron este extremo, aunque en el sumario aparece el nombre del corredor murciano. En la documentación del juez también surgen los nombres de varias atletas.
CONTRADICCIONES
El informe enviado por la Guardia Civil al Consejo Superior de Deportes (CSD) el 29 de julio no coincide con el existente en el juzgado. Se suprime un párrafo con el nombre de Jandro, un supuesto colaborador de Eufemiano Fuentes.
La Federación Española de Ciclismo no permite competir a los corredores, pero a finales de octubre, por sorpresa, «aparca» los expedientes y da vía libre a los ciclistas.
La cantidad de bolsas de sangre incautadas en los apartamentos de Fuentes difieren en las actas del secretario judicial, el atestado y los oficios 116 y 207 de la Guardia Civil.
