La tesis, como vaticinó ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, es que el PP lo pagará en la urnas.

El presidente del Gobierno, según las citadas fuentes, es consciente del coste electoral de la medida, pero siempre ha hablado de la «democracia deliberativa» que, en este caso, le sirve para confiar en que los ciudadanos terminarán por entenderlo.

Primero se aseguró de que tendría el apoyo unánime en el partido, incluyendo el de Felipe González, y ahora se volcará para explicarlo. Tiene prevista una entrevista en una cadena de radio en los próximos días, varias durante este mes en televisión y la próxima semana iniciará su presencia en la precampaña de municipales y autonómicas en Zaragoza.

En paralelo, el partido y otros miembros del Gobierno se volcarán en ese empeño, incluyendo la comparecencia del martes de Alfredo Pérez Rubalcaba en la Comisión de Interior y la sesión de control del miércoles en el Congreso.

«Ésta va a ser su derrota definitiva. Debemos ganarles en este terrero, en su terreno. Por eso se ha decidido dar la cara y ponerles frente al espejo. Va a ser difícil, pero los ciudadanos lo van a entender cuando sepan lo que ellos hicieron, cuando sepan que vuelve a ser un enfrentamiento entre la verdad y la mentira; entre una decisión enmarcada en la legalidad frente al 'todo vale'».

Con estas palabras, un destacado dirigente del PSOE explicó a este diario la decisión del partido, impulsada por Zapatero, de buscar el cuerpo a cuerpo con el PP.

Coste electoral

Zapatero, aparte del desgaste electoral que pueda suponer una decisión tan impopular como ésta, quiere plantear batalla a campo abierto no sólo por este caso en concreto, sino por lo que pueda significar de cara al futuro. Más claro: se está pensando en el impacto de futuras medidas -no a corto ni medio plazo- dentro de otro proceso de paz. Por eso, dio orden en la Ejecutiva Federal del lunes de no achicarse ante la campaña del PP, desempolvar archivos y hacerle frente. El viernes anterior hizo lo mismo en el Consejo de Ministros.

Para el líder socialista, según personas muy cercanas a él, resulta indignante lo que hizo el PP durante la anterior tregua de ETA, el respeto con el que trató el PSOE sus decisiones y ahora, en contraposición, la dura respuesta dada por los populares en un caso muy concreto, que ni siquiera se enmarca dentro de una situación de tregua.

Así, palabras como «demagogia», «hipocresía», «cinismo», «falsedad» o «mentiras» no se caen de la boca de cualquier miembro de la dirección del PSOE, donde pesa más la indignación que existe por la actitud del PP que el coste electoral que pudiera tener. El Gobierno intenta demostrar que, al margen de similitudes o coincidencias, la clave es que, hiciera lo que hiciera, la oposición siempre respetó las decisiones de política penitenciaria del PP en el Ejecutivo.

En este sentido, en fuentes de la dirección del PSOE y el Gobierno se valora especialmente la unidad interna que ha habido en este asunto, como quedó reflejada en el pasado Comité Federal.

«Éste es un partido de rebeldes. Donde el inconformismo de muchos es permanente, constante y reiterativo. Por eso tiene mucho valor y mucha importancia para Zapatero la unidad que ha concitado un tema como éste», indicó un diputado socialista. Por ello, el PSOE, lejos de querer enterrar el debate, quiere llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

Por eso, el lunes es muy probable que se presente el vídeo sobre la actitud del Gobierno del PP y del PSOE tras la ruptura de la tregua de ETA en la etapa de Gobierno de Aznar.

Además, el Ejecutivo parece que no ha tirado todas las balas y tiene munición guardada en la recámara para dos acontecimientos muy importantes de cara a la próxima semana: la respuesta de Zapatero en la sesión de control del miércoles y, el martes, la comparecencia de Alfredo Pérez Rubalcaba en la Comisión de Interior.

El PSOE, además, quiere que lejos de acabar con el debate, éste se agote en todos sus extremos, porque considera que es la única forma de que la ciudadanía no se quede con los mensajes más directos del PP, frente a los más alambicados de los socialistas.

La tesis del presidente es que nunca hubiera tomado la decisión de la prisión atenuada si la huelga de hambre la hubiera mantenido un grupo de presos, pero al ser una protesta aislada y al margen de la organización sí era aplicable un motivo humanitario.