El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental, que obligará a las empresas que contaminen no sólo a pagar la multa y la indemnización correspondientes, sino a reparar el daño y devolver los recursos naturales al estado original en el que se encontraban. Así resumió ayer la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega el espíritu de la norma: «Quien contamine paga, pero también repone y restaura».

Se trata de persuadir a los contaminadores en potencia para que tomen todas las precauciones que puedan con el fin de evitar catástrofes que, a partir de ahora, les van a salir caras (las sanciones pueden acarrear multas de hasta dos millones de euros y la suspensión de la actividad de la empresa durante uno o dos años).

De hecho, tendrán que responsabilizarse aun cuando no hayan cometido ninguna infracción administrativa y hayan actuado de conformidad con la normativa aplicable. «No es si son culpables o no, sino si ha habido daño», explicó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recordando que no todo accidente laboral conlleva una infracción por parte del empresario.

Además, y también en esta línea disuasoria que sigue la ley, las empresas tendrán que hacerse -a partir de 2010- con un aval bancario, una póliza de seguro o cualquier otro tipo de garantía financiera con la que se puedan cubrir los daños en los que se puedan incurrir.

Más de un millón de explotaciones agrarias, 30.000 empresas de transportes de mercancías peligrosas, más de 5.000 instalaciones industriales y un millar de presas mineras están en el punto de mira de esta norma, que se tramitará de urgencia en el Parlamento para que esté aprobada antes de verano, dijo Narbona.

A partir de entonces, no se podrá realizar ningún tipo de actividad que perjudique a la flora y a la fauna, a los hábitat de todas las especies silvestres autóctonas, al suelo y a las aguas. Pero, eso sí, afectará únicamente a las aguas que formen parte del dominio hidráulico, de la ribera del mar o de las rías.

Fuera del ámbito de actuación de la ley se quedan los vertidos de hidrocarburos en alta mar, como el del Prestige, porque el transporte marítimo de mercancías peligrosas está regulado exclusivamente por acuerdos internacionales.

Tampoco se cubren los accidentes nucleares, que también tienen su normativa específica, ni los accidentes derivados del uso de cultivos transgénicos.

Los colectivos ecologistas lamentaron ayer que estas cuestiones se hayan tenido que quedar fuera. Mario Rodríguez, director de Campañas de Greenpeace, decía a este periódico que «queda abierto un hueco legal» por el que se escapan incógnitas como la siguiente: «Si una marea negra contamina 3.000 kilómetros de costa, ¿esta ley puede actuar o no?».

Otro aspecto que han criticado los ecologistas es que la norma no persiga las imprudencias que cometan las empresas españolas en el extranjero. «Y que hasta 2010 no sea obligatorio que las empresas suscriban seguros que avalen los riesgos», añadía Rita Rodríguez, directora del Departamento Jurídico de WWF/Adena, insistiendo en que ésta es la medida que «realmente persuade». Los colectivos ecologistas sí valoran, por otro lado, que la ley les legitime para intervenir y denunciar cualquier tipo de accidente medioambiental y la elevada cuantía de las multas.