El comunicado sitúa el origen de la investigación en el despido en 2005 de dos ejecutivos por apropiación de fondos, José Miguel Sustatxa, director general, y Francisco Martínez, director financiero. En conversaciones con EL MUNDO, antiguos trabajadores de la ONG elevaron a medio millón de euros la cifra retenida entonces.

El testimonio de estas personas difiere del comunicado oficial en este punto. Así, recalcan que el despido fue forzado por casi la mitad de la plantilla ante la negativa del presidente de hacerlo. Una veintena de trabajadores se reunió con Gamarra en un clima de fuerte tensión para lograr el cese de los dos ejecutivos.

Estas fuentes destacaron el carácter autoritario de Gamarra (quien ayer seguía en dependencias policiales a la espera de la decisión que adopte el juez), que atajaba cualquier atisbo de crítica de manera contundente: «Anesvad es una dictadura y aquí mando yo», decía. De puertas afuera, Gamarra gozaba de una intachable proyección pública, que le valió para aglutinar un buen número de títulos honoríficos, entre los que destacaban su nombramiento como cónsul de Filipinas, uno de los primeros países en acoger sus proyectos solidarios.

Sin embargo, el motín supuso un clima «irrespirable», que derivó en la persecución por parte del presidente y de sus fieles de todo personal disidente con su gestión. La presión se saldó con la salida en los dos últimos años de 17 de los 26 miembros del organigrama directivo.

Estos testimonios subrayan su fuerte control de la ONG. Así, presidía el patronato que velaba por el cumplimiento de los fines sociales, mientras que el resto de los integrantes del consejo se caracterizaba por sus vínculos familiares o de amistad.

Para los críticos, la detención de los dos ejecutivos sirvió para confirmar una oleada de sospechas sobre el destino del presupuesto de la ONG, que dispone anualmente de 35,4 millones de euros. Antiguos trabajadores inciden, por ejemplo, en la opacidad de la fiscalidad procedente de cuestaciones en centros educativos y de donaciones de socios de edad avanzada, que aportaban en su mayor parte dinero en metálico.

A modo de prueba, denunciaron que la mayor parte del presupuesto disponible se destina a un fondo de cooperación internacional que, al parecer, no se utilizaría. Así, las cuentas remitidas por Anesvad en 2005 registran 13,5 millones de euros con este fin -un 38,10%-, una partida superior a los 13,3 de los proyectos de desarrollo, un 37,53%. Asimismo, critican «la ostentación» de la sede, ubicada en una de las zonas más nobles de Bilbao, y atribuyen «a su afán de ostentación» la contratación, sin motivos aparentes de seguridad, de un equipo de guardaespaldas que le acompañaba a todas partes.

Los trabajadores desmintieron estas afirmaciones en su comunicado y mostraron su disposición a alejarse de la controversia para garantizar el funcionamiento de la ONG.