Pero ahora, el FBI -la principal agencia de investigación policial de EEUU- ha reconocido que ha convertido la Ley Patriota en una especie de barra libre para acceder a todo tipo de información personal sobre varios miles de ciudadanos del país. El director general del FBI, Robert Mueller, compareció ayer para admitirlo y disculparse públicamente. «Yo soy la persona responsable. Y me comprometo a arreglar estas deficiencias», dijo Mueller, acompañado del fiscal general del Estado -cargo equivalente en EEUU al de Ministro de Justicia en España-, Alberto Gonzales.

Claro que Gonzales también tiene de qué preocuparse, pues en los últimos días le han estallado en las manos varios escándalos que le involucran directamente: el despido de ocho fiscales federales que se negaron a cumplir órdenes motivadas por razones políticas, y una serie de investigaciones que indican que, bajo el Gobierno Bush, la Justicia de EEUU ha sido usada con frecuencia como arma para investigar a la oposición demócrata, en particular en periodos electorales.

Las actividades admitidas por Mueller no van tan lejos. Se trata simplemente de extralimitaciones del FBI a la hora de buscar información. Así, el FBI, según admitió ayer su máximo responsable, se cuidó mucho de informar públicamente de esas actividades, ya que ocultó un 20% de las actuaciones en las que se sirvió de la Patriot Act para obtener información. Varios miles de ciudadanos fueron investigados de forma impropia en sus llamadas telefónicas, correos electrónicos, páginas de Internet visitadas, cuentas y créditos bancarios.

Todas esas informaciones fueron obtenidas por medio de las llamadas cartas de seguridad nacional, un sistema nacido con la Ley Patriota que permite al FBI obtener información privada sin orden judicial.