Lo esencial en una democracia es que las reglas se apliquen a todos con el mismo rasero. Hay un sector de la izquierda política y mediática que está intentando demonizar al PP y presentarlo como un partido anti-sistema por el mero hecho de ejercer sus derechos al convocar una protesta nacional contra la excarcelación del etarra De Juana.
Para ese sector -o más bien habría que decir secta-, cuando el PP pide a los ciudadanos que se manifiesten para repudiar esa decisión del Gobierno fomenta la «agitación» y la «rebelión callejera», pero cuando el PSOE moviliza a sus bases por la guerra de Irak o el Prestige se trata de una fiesta de civismo democrático.
Igual muestra de parcialidad se ofrece cuando se califica de «indignidad» que Aznar acuda a depositar flores en homenaje a las víctimas de ETA mientras se considera un acto de solidaridad y justicia el homenaje de Felipe González a una persona condenada en firme por secuestro y malversación, que tuvo un papel fundamental en el montaje de los GAL.
Pero entre los insultos y las tonterías que se han dicho estos días en los que se ha llegado a hablar de «golpe de Estado» y de incitación al Ejército, destacan las declaraciones de ayer del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que afirmó que los actos convocados por el PP no están justificados porque «ya no hay prácticamente víctimas del terrorismo». ETA ha disminuido mucho sus acciones criminales, pero, aunque él y su Gobierno parezcan darlas por amortizadas, quedan todavía casi 1.000 familias que sufren todos los días la pérdida de sus seres queridos.
Item más. La vicepresidenta De la Vega aprovechó ayer un manifiesto institucional sobre el 11-M para arremeter contra el PP, al que acusó de «crispar, exagerar y gritar» con la intención de «recuperar el poder». Para «exageración», sus propias palabras.
Lo que se está produciendo en nuestro país es el intento ilegítimo de una parte de la izquierda de apropiarse de los valores democráticos comunes y patrimonializar las instituciones y los símbolos del Estado. Este sector se presenta a sí mismo como la encarnación de la racionalidad progresista mientras intenta expulsar al PP a las tinieblas antidemocráticas.
Legitimidad de la protesta
Diga lo que diga este sector sectario, lo que va a tener lugar hoy en Madrid es una iniciativa legítima, cargada de razón y plenamente acorde con nuestro marco constitucional.
La acción política de un partido no tiene por qué limitarse al Parlamento y las instituciones. Es perfectamente coherente que ese partido saque a las calles a sus simpatizantes para defender una causa como la que mueve al PP. Estamos ante un acto de participación democrática que fortalece al sistema, siempre que se respete la legalidad y se haga de forma pacífica.
Por el contrario a lo que se ha dicho, la manifestación de hoy en Madrid y las concentraciones de ayer en numerosas ciudades españolas constituyen una oportunidad de servir de cauce a las inquietudes de los ciudadanos -de esa España «sensata» por decirlo con palabras de Rajoy- que no comparten una política del Gobierno y que quieren expresar su desacuerdo con la excarcelación y los privilegios de los que ha gozado De Juana.
Y suponen también una oportunidad para demostrar la organización y la capacidad de movilización de un partido que aspira a volver a gobernar con un mensaje centrista que pueda atraer a una mayoría social a la hora de votar.
La convocatoria de hoy en Madrid tiene dos riesgos que es preciso sopesar. El primero de ellos es que los dirigentes del PP no sepan encontrar el justo término y caigan en el error de mezclar sin proporción ni medida los reproches que merece la conducta de Zapatero en este caso con un apocalíptico proceso general a sus intenciones. Dicho con otras palabras, el PP debe ser capaz de diferenciar bien lo que ya ha sucedido en política antiterrorista de lo que muchos ciudadanos temen que pueda suceder.
Creemos que no hay ni la menor duda de que el Gobierno ha pagado un precio político al excarcelar a De Juana, que no ha tratado con sensibilidad a las víctimas y que ha cometido otros importantes errores, pero no se puede dar por hecho que haya cedido ante ETA en cuestiones esenciales como la autodeterminación, Navarra o la presencia de Batasuna en las elecciones.
Los símbolos y la ultraderecha
El segundo riesgo que afecta a la manifestación de hoy es el de un indeseable protagonismo de grupos extremistas con símbolos, banderas, gritos o comportamientos que desdigan el espíritu cívico y democrático de la convocatoria. El PP debe saber que la maquinaria mediática del Gobierno está preparada para magnificar el menor resquicio que sus servicios de orden dejen a la irrupción de la ultraderecha.
En este terreno debe haber «tolerancia cero». La única referencia que podemos aceptar es la que marca la legalidad vigente. Los manifestantes deben limitarse a exhibir los símbolos constitucionales, por mucho que haya quien invoque el precedente de que la izquierda gusta de salir a la calle con banderas republicanas.
Anoche decenas de miles de ciudadanos se manifestaron en más de 60 ciudades españolas para expresar su protesta cívica porque «la debilidad de Zapatero ha reforzado a ETA», según indicaba -cargado de razón- el manifiesto que se leyó en todas ellas.
Fue un digno prólogo de la gran concentración de hoy en Madrid, que debería hacer reflexionar a Zapatero sobre la necesidad de cambiar una política que cuenta con al menos tanto rechazo ciudadano como la invasión de Irak y ha provocado infinitamente más frustración en la sociedad española que todos los vertidos del Prestige.
