MADRID.-
El Consejo Superior de Deportes (CSD) expresó ayer, a través de un portavoz, el total «respeto a la decisión de la Justicia», pero hizo saber, asimismo, su preocupación por el hecho de la que la sentencia suponga un retroceso en la lucha contra el dopaje. El Gobierno, sin embargo, celebra que en el auto el juez «reconozca que urgía y que era necesaria una ley para luchar contra el dopaje, dado el vacío legal que hasta entonces existía». El nuevo texto, impulsado por el secretario de Estado, Jaime Lissavetzky, entró en vigor en febrero, por lo que no pudo aplicarse a la operación Puerto.
Lissavetzky prefirió no realizar declaraciones ayer, a la espera de conocer con exactitud el auto y poder realizar una valoración después de consultar con la Abogacía del Estado. Es evidente, sin embargo, que el fallo supone un cuestionamiento de las actuaciones previas de la Guardia Civil y del juez que ordenara las diligencias, aunque éstas siempre fueron asumidas y elogiadas por el CSD.
El portavoz del Consejo no quiso pronunciarse sobre cuál sería la postura del organismo ante la posibilidad que cabe de apelar la sentencia, pero desde la Fiscalía ya ha quedado claro que llevarán el caso ante la Audiencia Provincial.
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