Sin embargo, una vez más, va a resultar difícil realizar una lectura ajustada de la asistencia porque los datos facilitados por todas las partes son discrepantes y más que improbables. Según las cifras proporcionadas por la Comunidad de Madrid, la convocatoria realizada personalmente por Mariano Rajoy apelando al enfado de los votantentes de todo color y condición, fue secundada por 2.125.000 ciudadanos. Frente a estos números, se encuentran los facilitados por la Delegación del Gobierno que rebajó la cifra a 342.655 asistentes basándose, según señaló, en mapas cartográficos contenidos en un informe de la Dirección de la Policía.

Y por encima de todos ellos, los difundidos por la organización que, grosso modo, estimó que se congregaron dos millones y medio de personas en el espacio existente entre la plaza de la Independencia y la plaza de Colón.

Si nos atenemos a los números esgrimidos por la institución presidida por la popular Esperanza Aguirre, la asistencia se acercó a la habida contra los atentados del 11-M -celebrada hace tres años en estas fechas- y que, casualmente, convocó a 2.300.000 ciudadanos, según los datos oficiales. Y si nos acogemos a los datos del PP, ayer incluso hubo más gente que hace tres años, y un millón más que cuando fue asesinado Miguel Angel Blanco.

En cualquier caso, sí es cierto que cientos de miles de ciudadanos procedentes de todo el país -en el peor de los casos más del doble que los que acudieron a las manifestaciones tras el asesinato de Diego Estacio y Carlos Alonso Palate el pasado 30 de diciembre- atendieron al reclamo efectuado por el PP. Un reclamo cuyo detonante fue la decisión del Gobierno de excarcelar a De Juana Chaos, cuya razón de fondo fue la abierta protesta contra la política antiterrorista del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y cuya lectura, inevitablemente, va a ser electoral.

Probablemente para realizar una comparación contextualizada de las protestas más multitudinarias habidas hasta la fecha haya que distinguir entre aquéllas en las que el objetivo explícito ha sido la defensa de la Democracia; y, probablemente, haya que establecer también una línea divisoria entre los llamamientos ciudadanos realizados antes y después del atentado del 11-M.

En el primer grupo, en el que se concentran hechos que conmovieron durante días a la sociedad española, sin duda, se encuentra la manifestación realizada tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, a consecuencia de la cual salieron a la calle más de 1.500.000 personas, según recogen, de manera unívoca, las crónicas de aquellas fechas.

Una conmoción similar ocasionó en la opinión pública el brutal asesinato de Miguel Angel Blanco, que logró congregar a un número similar en las calles de Madrid; también el atentado contra el teniente coronel Blanco que impulsó a salir a la calle a un millón aproximadamente de ciudadanos en repulsa contra la violencia de ETA, tras la pancarta sostenida por el entonces presidente José María Aznar y los ex presidentes Felipe González, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo; y, finalmente, los actos terroristas del 11-M, que congregaron tras el lema Por la Constitución a todos los partidos políticos.

Antes de esta última masacre se produjeron dos protestas de parte que se convirtieron en manifestaciones multitudinarias: la organizada contra la guerra de Irak y las movilizaciones por la catástrofe del Prestige. Pero ambas fueron convocadas por varias formaciones.

La primera constituyó el acto antibelicista más importante de la historia de España, fue auspiciada por 200 organizaciones sindicales y partidos y superó todas las previsiones de asistencia. Pero, precisamente por ir en contra de una iniciativa del Gobierno, las cifras ofrecidas fueron discrepantes. Según la delegación del Gobierno acudieron 660.000 personas, según la organización, el número de asistentes llegó al millón.

Probablemente resulte inevitable que las diferencias contables entre los organizadores de cualquier evento público y la Administración sean abultadas. Así ha venido ocurriendo durante toda la Democracia en convocatorias como la de la huelga general del 14-D de 1988 cuando, mientras la guardia urbana contabilizaba 40.000 asistentes, los sindicatos sostenían que 250.000 trabajadores habían acreditado sus protestas en la calle. Lo mismo que con el Prestige y con la guerra de Irak. Pero antes del 11-M estas diferencias numéricas no se producían con las convocatorias cuyo asunto era el terrorismo y, desde entonces, las discrepancias contables se han convertido en moneda común.

Respecto a las últimas cuatro manifestaciones convocadas contra ETA, la diferencia de las cifras, según quien contabilice a los asistentes, ha sido abismal. Pero, probablemente, en esta guerra, la parte más hiriente la constituya lo relacionado con los asesinatos en Barajas .

Además del hecho de que no hubiese modo de realizar sólo una convocatoria, los datos fueron los siguientes: en la manifestación convocada por los colectivos ecuatorianos, la diferencia no fue excesiva -el Gobierno lo cifró en 174.824 personas y la delegación en 210.000-; pero cuando la convocatoria fue del Foro Ermua, dejaron de contar igual y la diferencia fue de 1,2 millones de asistentes entre ambos.