La tesis del tribunal es que la mencionada prohibición viola la Segunda Enmienda de la Constitución, que establece «el derecho del pueblo a tener y llevar armas». Los jueces Thomas B. Griffith -propuesto para el cargo por el presidente George W. Bush con el respaldo de la mayor parte del Partido Demócrata del Congreso- y Lawrence Silberman -elegido por Ronald Reagan- votaron a favor de la interpretación estricta de la Enmienda, mientras que su colega Karen Henderson -nombrada por Bush padre- se opuso.

La sentencia supone romper con la tradición de los tribunales estadounidenses, que hasta ahora habían fallado en nueve ocasiones que las restricciones a la tenencia y uso de armas de fuego no son inconstitucionales. El proceso se inició hace cuatro años, cuando un grupo de seis ciudadanos de Washington demandó el derecho a llevar armas para defenderse de los delincuentes.

Para los críticos de la Administración, el hecho de que los tres magistrados hubieran sido nombrados por presidentes republicanos es una muestra más de la política de ese partido de politizar la Justicia nombrando jueces originalistas, es decir, partidarios de interpretar la Constitución en sentido estricto. Son expertos legales que coinciden con la teoría de Bush de que no se debe «legislar desde el estrado» de los tribunales, lo que en la práctica supone rechazar el aborto o el matrimonio homosexual, dado que esos actos no se encuentran reflejados en la Carta Magna. Los originalistas, sin embargo, destacan por su creatividad en cuestiones como la prohibición constitucional de «los castigos crueles e inhumanos», en particular cuando se trata de la pena de muerte y de los derechos de los detenidos en la guerra contra el terrorismo.

Donde la noticia ha sentado peor ha sido en el Ayuntamiento de Washington. El alcalde, Adrian Fenty, se ha declarado «indignado» y ha declarado que va a estudiar cómo recurrir la sentencia, aunque ello implique llevar el caso al Supremo.

La cuestión de la tenencia de armas de fuego es muy complicada en la capital de EEUU, en cuyo núcleo urbano, de 582.000 habitantes, se produjeron 169 asesinatos el año pasado. Es una cifra que puede parecer alta en Europa, ya que implica que una ciudad con menos de la quinta parte de la población de Madrid tuvo casi tres veces más asesinatos que la capital de España. Pero, para los parámetros del Distrito de Columbia -que, en la práctica, se superpone a Washington-, es maravillosa. Sobre todo si se la compra con los 482 muertos de 1991, cuando la extensión del crack dio a la ciudad el título de capital del crimen de EEUU, con barrios como el de Anacostia, donde, según The Washington Post, los camellos se entretenían haciendo tiro al blanco con los semáforos.

Desde entonces, las cosas han mejorado, debido esencialmente a que el crack ha matado a todos los que lo consumían y a que la burbuja inmobiliaria de la ciudad ha empujado a los negros y a los hispanos más pobres fuera del casco urbano, en dirección a los estados de Virginia y, sobre todo, Maryland.

Otras posibles explicaciones de la caída de los asesinatos en Washington y en el resto del país pasan por la extensión del aborto a partir de los años 70 que, al afectar a la población de rentas más bajas, ha eliminado a una generación de potenciales delincuentes antes de que éstos hubieran nacido. Ésa es la tesis de John Donohue y Steven Levitt, profesores de Economía de las Universidades de Yale y Chicago, respectivamente.

La cuestión de la accesibilidad de las armas de fuego no ha tenido un impacto muy grande en la lucha contra el crimen en Washington, puesto que es muy fácil adquirir armas en Maryland y, sobre todo, Virginia.