La presión de la nueva política monetaria, unida al boom consumista cuya financiación crece a tasas anuales del 20%, está provocando un creciente aumento del retraso en los pagos. De ahí que las entidades financieras estén buscando fórmulas para agilizar el cobro de las deudas.

Los bancos y las cajas se han lanzado en bloque a la venta de sus carteras de créditos fallidos a empresas especializados en el recobro de impagados. Una práctica habitual en Estados Unidos o en el Reino Unido, pero desconocida hasta ahora en España. Especializadas en la gestión del riesgo pero carentes de una legislación, estas compañías ven ampliado su negocio al tomar riesgos que hasta ahora han sido coto exclusivo de las instituciones crediticias. De momento, 29 empresas están agrupadas en la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro (Angeco). De éstas, algunas están vinculadas a entidades especializadas en la concesión de créditos rápidos, como es el caso de Effico -Grupo Cetelem- o de Contentia -Cofidis-. La patronal, perteneciente a la federación europea del gremio, garantiza a las entidades la liquidación de las cantidades cobradas por la vía amistosa o judicial. Y se niega a aceptar como miembros a compañías que emplean métodos expeditivos para coaccionar al deudor en las reclamaciones del dinero.

Según los últimos datos disponibles por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), en España hay registradas 2,5 millones de operaciones morosas por un importe de 7.175 millones de euros. Pero la banca teme que las cifras se disparen teniendo en cuenta que las familias con problemas financieros ya optan por dejar de pagar los préstamos de menor importe y sin garantías, al haberse registrado un repunte en el impago por tarjetas de crédito.

De momento, el importe medio de efectos de comercio impagados va en aumento. De acuerdo con las cifras barajadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), al término de 2006 la cantidad se situó en 1.823 euros. El total alcanzó los 8.987 millones de euros y sólo en diciembre la cifra se disparó un 21% al superar los 890 millones.

Con este escenario, no es de extrañar que una de las empresas de recobro líderes en España, Istrum Justitia, admita que ocho de cada 10 empresas presentan problemas de liquidez. Y que éstas, además, tardan una media de 83 días en hacer frente al pago de sus facturas, mientras que los consumidores emplean 65 días. Ante tal retraso, la compañía ha constatado que el 19% de las empresas opta por suspender sus entregas a los deudores. La firma sueca, que tiene previsto acometer un ambicioso plan de crecimiento en España debido a que sólo el 10% de las sociedades deciden externalizar el servicio de recobro de impagados, justifica de esta forma la decisión de la banca de desprenderse de sus préstamos fallidos.