Según indicaron ayer fuentes jurídicas a la agencia Efe, cuando se pretende mover estos fondos, las entidades financieras relacionadas con este dinero deben notificarlo de forma previa e indicar su destino, antes de ser autorizado judicialmente.

La Fiscalía Anticorrupción estudia una estructura fiduciaria, montada en torno a la sociedad Aquarius, desde la que se han podido ofrecer productos financieros que escapaban al control del fisco, invirtiendo grandes cantidades en depósitos a plazo fijo en bancos españoles.

Además de los 1.800 millones de euros de Aquarius, a cuyo frente está el economista Leandro Javier Kremen Slipacob, empleado de la aseguradora Cahispa, se encuentran controlados otros 400 millones de las compañías Xenon y Sherlock, sociedades instrumentales de BNP Paribas domiciliadas en Irlanda, país con un régimen especial fiscal.

Los domicilios de Kremen y el presidente de Cahispa, Arturo Guilló, así como la sede de la aseguradora y los despachos de los empleados de BNP, Carlos Gardeazabal y Enrique Calvo, fueron registrados por la Guardia Civil en noviembre de 2006, junto a otras dependencias del Banco del Espírito Santo.

Fuentes jurídicas han explicado que no existe relación del banco portugués en la estructura fiduciaria, aunque Kremen ofreció sus servicios a esta entidad.

Efe ha intentado en repetidas ocasiones contactar telefónicamente con responsables de BNP en España para que dieran su opinión sobre la investigación, aunque sin éxito.

En la actualidad, la Fiscalía Anticorrupción investiga sobre los documentos y ordenadores intervenidos fundamentalmente en los registros a BNP y Cahispa, en los que participó la Agencia Tributaria, encargada de determinar la cuantía de los capitales defraudados a la Hacienda Pública.